El expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, justificó ayer el pago de alrededor de 8.000 euros en viajes a Florencia y Abu Dhabi al expiloto Jorge Martínez «Aspar» porque tenía la «necesidad de contar con asesoramiento técnico concreto del mundo del motor, la Fórmula 1, las competiciones internacionales y la marca automovilística cuyos conocimientos y consejo no estaba entre los [miembros] de Presidencia ni de la administración autonómica y sí en el campeón motociclista y deportista más laureado de la Comunitat Valenciana».

Camps presentó ayer un escrito ante el Juzgado de Instrucción 2 en respuesta a la documentación aportada (pero que «no había sido pedida») por el subsecretario de Presidencia «del Gobierno autonómico del Partido Socialista y Compromís» sobre los contratos de patrocinio suscritos entre la Generalitat y las empresas de Aspar, además de los justificantes de gastos por valor de 8.000 euros en tres viajes en los que el expiloto acompañó a Camps «como asesor».

El exjefe del Consell justifica que este dinero se abonó con carga a la caja fija de Presidencia porque se trataba de «actos oficiales institucionales de la agenda institucional del Presidente de la Generalitat declarados transparentemente». Y que perseguían «impulsar el establecimiento en la Comunitat Valenciana del Parque Temático Ferrari, que finalmente fue instalado en la comunidad autónoma de Cataluña, después de haberse decidido que se estableciera en Valencia, proyecto que fue desestimado por gobernantes posteriores».

Camps también desvela los motivos del viaje a Londres para entrevistarse con el magnate de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, el 13 de julio de 2011: «el objeto era poner de manifiesto si políticamente el gobierno valenciano asumiría que se le quitara el campeonato de España al circuito catalán de Montmeló para celebrarlo en el circuito urbano de València y si, políticamente, esa situación podría generar conflicto interautonómico y, el mismo, ser soportado por la Generalitat».

Por último, el exjefe del Consell defiende que los «contratos de patrocinio con distintas administraciones de la Generalitat fueron legalmente tramitados por las correspondientes administraciones autonómicas», en referencia a los convenios suscritos entre el Consell y las empresas de Aspar, aportados también a la causa.