Mientras el número de feminicidios se ha incrementado en siete en lo que va de año (con respecto a 2016), las denuncias al maltratador, el empoderamiento de las mujeres y las medidas institucionales también han crecido. Así, el 18 de septiembre se firmó el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista en las Corts Valencianes, donde 63 representantes de instituciones y entidades sociales participaron en la elaboración del documento que cuenta con cinco líneas estratégicas para erradicar la violencia machista, como el blindaje presupuestario o la creación de una sociedad segura que promueva la igualdad.

Dos meses después, la plataforma #AlertaFeminista quiso celebrar ayer dos mesas redondas en el Colegio Mayor Rector Peset de València con el fin de analizar en profundidad el pacto autonómico, al igual que el estatal.

«Este pacto es un gran avance para las miles de mujeres que llevan sufriendo años el desprecio de las autoridades. Demuestra sensibilidad y un compromiso institucional indudable. Sin embargo, ésta, como cualquier otra medida, presenta luces y sombras. Y nosotras tenemos el deber ineludible de esclarecer éstas últimas con el fin de que sean revisadas y mejoradas», contó Mar Vicent, activista en la plataforma.

Así, en una mesa conformada por Alberto Ibáñez, secretario autonómico de Inclusión y de la Agencia Valenciana de Igualdad; Amparo Mañes, directora de la Unidad de Igualdad de la Universitat de València; Amparo Ridaura, psicóloga; y Mar Vicent, la plataforma denunció que se haya ignorado a muchas de las asociaciones representantes de mujeres: «Tras años de lucha por un pacto cómo el que tenemos, siguen sin tenernos en cuenta».

Asimismo, denunciaron que el contenido del pacto se resolvió con una «precipitación enorme», pues únicamente fueron necesarias ocho reuniones para fijar los contenidos, según Mar Vicent: «Una cosa es que sea un pacto urgente, pero otra son las prisas por crear acciones tan cruciales sin analizarlas con detenimiento. Esta urgencia ha provocado que las medidas, en lugar de acciones, sean únicamente deseos». Así, denunció que la Comisión de Seguimiento no se haya conformado con detalle y nazca «un poco coja», contó Mar.

La plataforma también recrimina que se trate de un «pacto centralizado», puesto que la información de las medidas y los presupuestos no llega a muchas de las poblaciones que cuetan con menos de 20.000 habitantes.

Por contra, la plataforma alabó la labor del pacto en cuanto a la equiparación de las víctimas de violencia machista con las del terrorismo. También se valoró que se haya permitido el acceso a la víctima a los servicios de ayuda pública sin la obligación de interponer una denuncia previa. «No todas las mujeres que son víctimas de violencia machista se atreven a denunciar», explicó Vicent. Y es que sólo seis de cada diez mujeres acaban interponiendo una denuncia judicial por maltrato, según los últimos datos de la Generalitat.

No a la custodia compartida

Por su parte, una segunda mesa quiso estudiar el Pacto de Estado. En ésta, Alba Pérez, representante de la plataforma del 7N, incidió en varios puntos, entre los que denunció que las víctimas siguen sin ser reconocidas como tales cuando la violencia no ha sido ejercida por la pareja o expareja. Asimismo, recalcó el «escaso protagonismo de las asociaciones feministas» y la encrucijada en la que se encuentran los hijos e hijas de las víctimas: «Solicitamos la eliminación total de la custodia compartida en caso de tratarse de descendientes de víctimas, al igual que la suspensión absoluta del régimen de visitas», declaró Pérez. Y es que, tras el Pacto de Estado, en caso de no haber presenciado físicamente la agresión, los hijos pueden seguir concertando visitas con el agresor.