El presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, asegura que la corporación provincial no es el «cajero» de la Generalitat ni suplanta funciones propias de la Administración autonómica, sino que «complementa» esas funciones desde una «humilde aportación».

Rodríguez señaló además durante Los Desayunos de la Agencia EFE en el Colegio de Abogados de Valencia que sustituir las Diputaciones por otra estructura, como varias mancomunidades o una hipotética conselleria de acción local, no supondría una reducción del gasto, sino el mismo con otro nombre, y además no habría «debate político».

«Nosotros somos un barquito y la Generalitat un transatlántico», gestionamos un presupuesto de 470 millones y la Generalitat uno de 17.000 millones, destacó el presidente de la Diputación, quien añadió que lo que han hecho ha sido trabajar «codo con codo» ambas instituciones, porque así se puede llegar «a más gente» y de forma «más eficiente».

Por ello, lamentó la postura del presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, de ir «a la contra» de la Generalitat, porque eso no beneficia a los ciudadanos, aunque puede dar réditos políticos al PP, que tras perder una «cantidad inmensa de poder» utiliza esa «atalaya» para defender «el poco poder que les queda».

Sobre el debate de la desaparición de las Diputaciones, como el propio PSOE plantea, Rodríguez alerta de que hay que buscar «la eficiencia y la eficacia en la gestión» y por tanto habría que sustituirlas «por algo mejor», ya que «cambiar por cambiar» no tiene «sentido».

La Diputación «tiene un carácter municipalista que es difícil imprimir en otro tipo de instituciones», asegura Rodríguez, quien considera que a veces se habla «muy gratuitamente de la desaparición» de las Diputaciones, cuando hay municipios que sin ellas «no podrían abrir sus puertas y atender a la gente». Admitió que es «difícil defender» las Diputaciones cuando tres expresidentes de Diputación de la Comunitat Valenciana han sido detenidos en casos judiciales (Alfonso Rus y Joaquín Ripoll) y uno incluso ha entrado en prisión (Carlos Fabra), pero afirma que no se puede «confundir al gestor con la institución».

Reivindicó que en los dos primeros años de esta legislatura se ha conseguido que la Diputación de Valencia «deje de dar vergüenza a los valencianos» y pase a ser portadora «de buenas noticias», aunque admite que quizá hay que insistir en difundir su labor, pues «es muy difícil querer lo que no se conoce». Además, destacó que «se han acabado los besamanos» y ahora los municipios reciben recursos con independencia de cuál sea su color político, mientras que se han incrementado del 27 al 67 % las transferencias de dinero a los Ayuntamientos, por lo que uno de los retos para lo que queda de legislatura es consolidar este modelo.