El delegado de Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, anunció ayer que el Ejecutivo estudiará tanto la conformidad a la ley de los presupuestos de la Generalitat para 2018 como su cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.

En un comunicado, Moragues tachó de «engaño deliberado» la partida reivindicativa de 1.300 millones de euros que ha incluido por tercer año consecutivo el Consell en el anteproyecto para denunciar la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana.

«Primero la incluyen y, cuando van al Ministerio de Hacienda, la quitan en el plan de ajuste», denunció, por lo que «en aras a la responsabilidad» urgió a que «desde el minuto uno» las cuentas «se hicieran bien» y el Consell «no engañara a todos defendiendo unos ingresos a los que después ellos mismos renuncian». Para el delegado, «emplean la partida ficticia como un "quita y pon" de forma partidista».

Moragues recordó al respecto que la Airef «ya advirtió hace unas semanas que el Consell debía realizar sus presupuestos teniendo en cuenta sus ingresos reales». «La norma más importante de un Gobierno debe ser un marco de referencia fiable y transparente», reivindicó.

Bajo este prisma, reiteró que «sin la ayuda y el apoyo del Gobierno, que asume la deuda, los intereses y el pago a proveedores, los presupuestos de la Generalitat no son sostenibles».

Según Delegación de Gobierno, la inyección de dinero del Ejecutivo a la Generalitat en los últimos cinco años (2012-2017) es de un total de 51.742 millones de euro, el 39 % destinado a pagar proveedores, y el 41 % a vencimientos. Además, las facturas pagadas a proveedores se eleva a más de 1,8 millones y «faltan aún por contabilizar este año». Por otro lado, el delegado subrayó que «su pronóstico de déficit cuadruplica el fijado por el Gobierno central», en lo que ve «un motivo de preocupación y de inestabilidad, ya que la estabilidad presupuestaria es la base para el crecimiento económico y la creación de empleo, como ha quedado sobradamente demostrado en los resultados de las reformas llevadas a cabo por el Gobierno de Rajoy».

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ya lamentó el jueves la inclusión de la partida ficticia de los 1.325 millones de la infrafinanciación.