El PP gallego blindará por ley el pago de la mitad del recibo eléctrico, posibilitando la opción de impedir cortes del suministro en situaciones excepcionales y compatibilizando su aportación con el bono social estatal que establece descuentos de entre el 25 % y el 40 %. Esta es la vía establecida para establecer un paraguas contra la pobreza energética que el PP de Galicia ya presentó hace dos años y medio para garantizar la cobertura energética a las familias con menos recursos. La posición del PP gallego contrasta con la del Gobierno de Mariano Rajoy que acaba de recurrir una propuesta similar de la Generalitat Valenciana.
El Consejo de Ministros aprobó el viernes interponer un recurso de inconstitucionalidad contra artículos de la ley valenciana de pobreza energética. El Ejecutivo considera que la Generalitat se ha atribuido funciones que no le corresponden. El Gobierno mantiene que el Tribunal Constitucional ya reiteró la competencia estatal en materia de coordinación de la planificación de la actividad económica.
La ley valenciana, según el Ejecutivo, establece un procedimiento que contradice los plazos previstos en la normativa estatal para el corte de suministro. Incide además sobre el régimen económico al mantener el suministro sin retribución y al regular los plazos de aplicación y comunicaciones antes del corte, y al fijar los consumidores a los que no ser les podrá cortar la luz y el agua. Todo ello, mantiene el Ejecutivo, en términos distintos a los establecidos por la normativa estatal en materia de energía.
Pese a las reticencias del Gobierno, la norma gallega también impide el corte de suministro a las familias en riesgo de exclusión social. Además, el Ejecutivo gallego garantizará el pago del 50 % del gasto eléctrico a los hogares con ingresos inferiores a 11.278 euros anuales, cantidad que se incrementará en función de la presencia de menores: 15.038 en caso de uno y 18.797 en caso de dos. Con su mayoría absoluta, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tiene garantizado sacar adelante el proyecto de ley «de la eficiencia energética y garantía a la accesibilidad a la energía eléctrica».
La Xunta de Galicia, sustentada por el Partido Popular, ya cuenta con dos tipos de ayudas para paliar la pobreza energética tras implantar la primera en 2014. Sin embargo, la aprobación de esta segunda ley supone un blindaje total para una ayuda de al menos el 50 % del recibo de la luz pues ya no quedará vinculada a una orden puntal de ayudas sino que establecerá un derecho.
La ley de pobreza energética valenciana cuestionada por el Gobierno de Mariano Rajoy contempla, entre otras cuestiones, que las compañías comercializadoras de energía antes de cortar el suministro a una vivienda deben comunicarlo a los servicios sociales de la población en que se halle. Y obliga a la Generalitat a garantizar suministros básicos a las personas que se encuentren en emergencia social.
Iniciativa de Podemos
La ley fue aprobada el 25 de enero en las Corts tras una iniciativa presentada por Podemos. La propuesta salió adelante con los votos a favor del PSPV, Compromís, Ciudadanos, Podemos y la abstención del Partido Popular.
