La Inspección de Trabajo ha dado tres meses a la Conselleria de Justicia para que mejore la situación de los Juzgados 1, 2, 3, 4 y 5 Primera Instancia e Instrucción de Llíria, al borde del colapso desde hace años, lo que ha acabado por generar graves problemas de salud a sus trabajadores.

El problema viene de lejos y es conocido por la misma Conselleria de Justicia ya que el Servicio de Prevención del departamento que dirige Gabriela Bravo elaboró un informe, fechado el 16 de julio de 2015, «en el que se concluye que el valor de riesgo psicosocial es alto», según recoge el oficio de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social al que ha tenido acceso Levante-EMV.

Aunque la denuncia por los graves problemas que se arrastran en los juzgados de Llíria se arrastra desde 2014, cuando los delegados de prevención de riesgos laborales de la Intersindical, CC OO y UGT presentaron una denuncia por no cumplir las condiciones mínimas de trabajo estipuladas en el real decreto 485/97 que regula las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

El requerimiento en materia de prevención de riesgos laborales insta a la Conselleria de Justicia, tras visitar los juzgados el pasado mes de octubre, a «efectuar una evaluación específica de la carga de trabajo actual que soportan los juzgados, con el objeto de adoptar las medidas correctoras que se pongan de relieve (incremento de dotación de personal, nuevos juzgados, formación específica para mejorar las capacidades y estrategias de trabajo, etc) dirigidas a mejorar las condiciones de trabajo del personal adscrito a los mismos».

Desde Intersindical Justicia también destacan que «el informe del Consejo General del Poder Judicial ya indicaba en enero de este año que los juzgados de Llíria necesitan la creación de 3 juzgados más por la carga de trabajo que soportan y que tiene como consecuencia una situación bastante dramática de las personas que día a día han de trabajar en unas penosas condiciones de trabajo».

Intersindical añade que «además de muchas carencias materiales y personales, también soportan una carga de trabajo del 250%. De hecho son los juzgados con más carga de trabajo de la Comunitat Valenciana y los sextos de España» . Una situación que produce que «haya trabajadores con serios problemas que se ven obligados a medicarse cada día, por lo que han sido visitados por el medico del Invassat (Institut valencià de seguretat i salut en el treball) que está pendiente de emitir un informe».

El informe del servicio de prevención de la Conselleria de Justicia de 2015 también detectó «tres casos de acoso psicológico o mobbing, sin identificar, por lo que se debe proceder a realizar un estudio pormenorizado dirigido a identificar estos posibles casos y adoptar, sin solución de continuidad, las medidas procedentes», concluye la Inspección de Trabajo, por lo que da un plazo de tres meses para adoptar medidas.