El servicio que ahora sale a licitación va dirigido a los niños y adolescentes que han sufrido abusos y que son tutelados por la Generalitat pero eso no significa que al resto de los menores en estas circunstancias queden desatendidos, según justificaron ayer desde la Conselleria de Igualdad. La directora general de Infancia y Adolescencia, Rosa Molero, explicó que, de hecho, la «universalidad» del servicio queda «totalmente garantizada» ya que los menores que no son atendidos por el servicio directo de conselleria están «a través de los servicios sociales municipales». Así, Molero explicó que la Generalitat atiende al resto de menores «a través de los servicios sociales municipales, subvencionados a través de las líneas nominativas a los ayuntamientos, y que deben contar con un equipo multidisciplinar, en el que debe haber un especialista en trauma y abusos sexuales».
Molero recordó que, además en los presupuestos para 2018 la línea para financiar los servicios de atención a la infancia (SEAFI), «se incrementa, de manera que se igualan los importes de todas las entidades y se incorporan dos nuevos servicios, uno en Agost y otro en Canals». El objetivo, según dijo es «consolidar una estructura municipal» para desarrollar una «política de proximidad». Sobre el contrato de atención psicológica, Molero aseguró que incluye además por primera vez el tratamiento a personas menores de edad que han sufrido explotación sexual o que han sido o son perpetradores de esos abusos, «lo que amplía el número de personas que son susceptibles de ser atendidos en este servicio».
