El cupo vasco camina más deprisa que la financiación autonómica, piedra angular de la agenda del Consell del Botànic. Urgencias de socios de Estado (el Partido Nacionalista Vasco, PNV, fue la muleta con la que el Gobierno central, PP, sacó adelante los presupuestos de este año) para no dilatar la prórroga de las cuentas en 2018. Ante esta necesidad, el consejo de ministros aprobó el viernes el proyecto de nuevo cupo vasco para el quinquenio 2017-2022. Y solo un día laborable después, el lunes, la Mesa del Congreso daba luz verde a la tramitación por vía de urgencia de la propuesta. El ministro Cristóbal Montoro quiere que esté en vigor el 1 de enero.
El gesto del ejecutivo hacia los nacionalistas vascos se puede interpretar como que no piensa introducir la ventajosa singularidad económica vasca y navarra en el debate, en marcha, de una nueva financiación autonómica. Este ha permanecido tres meses bloqueado. Se reactivó la semana pasada con la primera reunión del comité de representantes de los territorios. El Gobierno de Mariano Rajoy insiste en el compromiso de cerrar una reforma del sistema este año. Sin embargo, creer que esté operativo un nuevo modelo de financiación en 2017 requiere un ejercicio de fe o voluntarismo. Es posible que el comité técnico eleve una propuesta en el poco más de mes y medio que queda, eso sí, pero es más que dudoso, calendario en mano, que Rajoy y Montoro puedan transformar ese documento en un proyecto gubernamental, pactarlo con el PSOE y los territorios donde gobierna y llevarlo a un consejo de política fiscal y financiera para que este le dé luz verde.
Mientras tanto, el Gobierno ha metido la directa para que el nuevo cupo vasco sea una realidad el 1 de enero de 2018. Para entonces, las elecciones catalanas (21 de diciembre) ya se habrán celebrado, con lo que las relaciones con el PNV, ahora tensas con parte del independentista exGovern catalán en prisión, confía en que se hayan serenado. Sería el momento de plantear un nuevo abrazo para sacar adelante los presupuestos de 2018.
¿Una mejora del cupo vasco, cuya base se fija ahora en 1.300 millones, perjudica a la financiación del resto de territorios? Si el Estado no abre la mano, sí, pero con una buena dosis de optimismo se puede pensar que Montoro quizá amplíe la parte de la recaudación del IRPF que transfiere a las autonomías. En ese supuesto, todos contentos.
