Soledad total para el alcalde de Alicante, que recibió ayer malas noticias de los tribunales: su procesamiento junto a dos de sus asesores por el fraccionamiento de contratos en la concejalía de Comercio. El socialista Gabriel Echávarri se quedará sin sus dos socios del tripartito, Guanyar y Compromís, si antes no dimite. Ayer dijo que no lo va a hacer. Le queda, de momento, el apoyo de su partido, que sostiene que la línea roja de la apertura de juicio oral aún no ha sido atravesada. Una manera, se antoja, de ganar tiempo ante una situación que en Blanqueries reconocen como incómoda.

De materializarse los anuncios de Compromís y Guanyar, el alcalde pasará a dirigir un equipo de gobierno formado por 6 concejales de los 29 de la corporación, mientras que en la oposición quedarán el PP (8), Guanyar (5), Ciudadanos (5), Compromís (3) y los dos no adscritos (una ex de Guanyar y otro ex de Cs). En resumen, una situación de ingobernabilidad difícilmente sostenible.

Poco después de conocerse el procesamiento del Echávarri y dos de sus asesores por unos contratos de Comercio en la etapa en la que él era el responsable del área, Guanyar confirmó que mantiene el ultimátum del día 15 antes de abandonar sus competencias si Echávarri sigue.

Compromís fue ayer más drástico y pasará a la oposición hoy mismo, después de que su portavoz, Natxo Bellido, hablara telefónicamente con el alcalde y este le confirmara que «no tiene intención de dimitir». El grupo de Compromís cuenta con el respaldo de Oltra y de la dirección de la coalición. La decisión se adopta después de haber negociado una refundación del pacto de gobierno con el PSPV (y sin Guanyar) que ha durado días y que, según los de Oltra, incluía el compromiso de abandonar si Echávarri era procesado.

Para aumentar la tensión interna en el tripartito, la portavoz del grupo del PSPV, Eva Montesinos, instó a los socios de Guanyar a seguir los pasos de los tres ediles de Compromís y abandonar el equipo de gobierno sin esperar al día 15. Según dijo, hoy se procederá al reparto de competencias de los tres concejales valencianistas.

El líder del PSPV, Ximo Puig, optó desde Londres por mantenerse al margen y remitió al número dos, Manolo Mata. Este subrayó que todavía no se ha abierto juicio oral al alcalde, sino que el juzgado ha dictado un auto que es recurrible. Admitió que el juzgado ve indicios de delito, pero «quedan opciones jurídicas antes del auto de apertura de juicio oral», donde el PSPV sitúa su línea roja.

El auto de la juez María Luisa Carrascosa se circunscribe a 14 facturas relacionadas con la gala de comercio de la Navidad de 2016 y con la promoción de los mercados por un importe de 144.160 euros. En su opinión, «dichas contrataciones debieron realizarse a través de concurso público en lugar de contrato menor, dándose un fraccionamiento de contratos». Además, dice, fueron concertadas por los dos asesores pese a que no tenían funciones «decisorias» y con conocimiento del primer edil.