08 de noviembre de 2017
08.11.2017

Vecinos, usuarios y sindicatos se unen contra la gestión del mercado eléctrico

Presentarán una moción en todos los ayuntamientos para que el Gobierno intervenga y adopte medidas

08.11.2017 | 04:15
Vecinos, usuarios y sindicatos se unen contra la gestión del mercado eléctrico

Llega el recibo de la luz y las cuentas familiares se descuadran. Entender el por qué de la subida se torna misión imposible para el común de los mortales en un sistema opaco donde hay picos de subida que nadie se explica. Las familias se ajustan el cinturón hasta el siguiente recibo. Y cruzan los dedos. Las comunidades autónomas toman cartas en el asunto y redactan leyes que luego el Estado recurre. Como la ley valenciana contra la pobreza energética, que restringe el corte de servicio a algunos ciudadanos en el caso de impagos y contempla ayudas para que los hogares considerados vulnerables puedan hacer frente al pago de las tarifas de la electricidad, el agua y el gas. La ley también prevé sanciones (de 3.000 a 600.000 euros) para las empresas comercializadoras. Sin embargo, no es competencia de las autonomías indicarle a las empresas suministradoras a quién pueden cortarle la luz y a quién no; ni multarlas si lo hacen. Pero ha llegado la hora de la movilización social. "De prender la mecha y alborotar el avispero".

Así lo anuncian vecinos, sindicatos y consumidores tras acordar una moción conjunta que presentarán en todos los ayuntamientos de España. La Comunitat Valenciana ha tomado la iniciativa –junto con Aragón y el País Vasco– y la moción se votará en los plenos valencianos de este mes de noviembre o como mucho, en diciembre. La moción está firmada por la Confederación de Asociaciones Vecinales de la Comunidad Valenciana (Cave-Cova), conjuntamente con la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu), la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana (UCE), y los sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC OO), y en plena sintonía con la campaña diseñada por la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV) y la Confederación Estatal de Consumidores y Usuarios de España (CECU).

Las entidades instan al Gobierno de Mariano Rajoy a revisar la situación del mercado eléctrico español y adoptar una serie de medidas donde destaca, de entrada, establecer un "auténtico bono social" que garantice el suministro básico de todos los hogares e impida los cortes de suministro. Además, exigen que las empresas "se sometan al arbitraje de consumo" –el sistema extrajudicial de resolución de conflictos entre consumidores y empresas– y ejecuten planes de formación sobre el suministro de energía para evitar "el engaño o fraude por falta de información". Además, exigen la creación de un operador del mercado de carácter público para evitar "las posiciones de dominio de las grandes multinacionales –actualmente los operadores de mercado son Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) y Mercado Ibérico del Gas (Mibgas)–, cuya participación accionarial está compuesta en ambas sociedades por las grandes empresas del sector eléctrico".

La moción también persigue que se realicen auditorías periódicas del sistema mediante la creación de un organismo público y se genere una política de primas o ayudas a tecnologías renovables "con intervención directa en las subastas de energía, ajustando su precio al coste real de su producción sin incluir gastos ajenos a través del término 'potencia'". Por último, piden una reforma de la fiscalidad para que se rebaje "la acumulación actual de impuestos que recaen sobre la tarifa".

La segunda tarifa más cara

Las entidades afirman que la situación del mercado eléctrico de España es "inadmisible", ya que es "la segunda tarifa más cara de Europa en el sector doméstico y la cuarta en el sector industrial, superados únicamente en ambos casos por países que no tienen nada que ver con el nuestro".

Ante un suministro eléctrico en los hogares "que no tiene consideración de servicio público esencial", donde existe una «posición dominante de las grandes empresas que limitan, coartan y cercenan la creación de empresas generadoras y comercializadoras", que genera un sistema "injusto" donde se pacta el precio "de la energía más costosa de producir y no de sus costes reales", donde se aplican diferentes impuestos que pagan los usuarios (4,86% indirectos y el 21% de IVA), sindicatos, vecinos y consumidores dan la voz de alerta ante una situación de "confusión, indefensión e injusto trato".

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