La sección cuarta de la Audiencia de València ha frustrado el intento de los acusados en la pieza A del Caso Taula, que investiga el presunto pitufeo y delito electoral cometido por el PP de València en 2007, 2011 y 2015, de anular todas las pesquisas que se han realizado desde agosto.
La catarata de recursos presentados por las defensas durante los dos últimos meses intentaba dejar sin efecto el auto de prórroga de la investigación que el magistrado del Juzgado de Instrucción 18, Víctor Gómez Saval, dictó el 21 de agosto. Seis días antes, el 15 de agosto, ya se habían cumplido los primeros 18 meses de instrucción que prevé la ley de enjuiciamiento criminal (Lecrim) para investigar las causas declaradas complejas. Por ello los investigados en esta pieza consideran que el auto que prorroga once meses más la investigación era nulo de pleno por «extemporáneo» y haberse dictado fuera de plazo. Sin embargo, la sección tercera de la Audiencia de València explica que es la petición del Fiscal para ampliar los plazos de investigación la que "se debe realizar tres días antes de la expiración del plazo, pero la prórroga puede ser acordada una vez agotado el plazo, con el efecto de reanudar el periodo hábil para la investigación, sin que se vean afectadas las diligencias practicadas en el tiempo que transcurra entre la petición de la prórroga [realizada el 15 de junio por la Fiscalía Anticorrupción], el traslado a las partes y el acuerdo efectivo de la prórroga".
La maniobra de ataque de los letrados se dirigió contra el auto que prolongaba la investigación y contra todas las diligencias practicadas desde entonces que no son nada baladíes. Desde la vuelta de las vacaciones el juez del caso Taula ha ampliado las imputaciones al exvicealcalde, Alfonso Grau, y el exgerente provincial del PP, José Antonio Moscardó, y citó a declarar como investigada a la tesorera nacional del PP, Carmen Navarro. Grau se negó a declarar por sus recursos pendientes sobre estos mismos hechos.
El auto de la sección cuarta [dictado por los magistrados Pedro Castellano (presidente), Maria José Juliá (ponente) e Isabel Sifres] considera ajustado a derecho el auto que prorrogó la investigación y la casuística que lo provocan "que pueden arrojar luz sobre la mecánica con que en otras campañas operaban ya algunos de los investigados".
