10 de noviembre de 2017
10.11.2017
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El conflicto de los chóferes de los consellers se enquista

La Administración ofrece mejorar el salario y que sean de libre designación, pero los sindicatos desconfían del pacto

10.11.2017 | 02:02

Casi dos meses llevan ya los miembros del Consell buscándose la vida para desplazarse a sus actos oficiales (la mayoría echa mano del taxi aunque hay quien usa la bici o el transporte público) al enquistarse el conflicto con el colectivo de conductores de la Generalitat. Y podría ser mucho más tiempo. Los distintos intentos para solucionar un problema que se arrastra desde hace casi dos años han fracasado y lo peor es que la cuenta atrás para una solución con aval jurídico ha comenzado. Las posturas se habían acercado, pero el pasado lunes la reunión de la mesa sectorial acabó sin fumata blanca.

Como en su día contó Levante-EMV, los chóferes de consellers decidieron en septiembre plantarse y dejar de atender los requerimientos de desplazamiento de los miembros del Consell al entender que la Administración había incumplido su promesa de mejorar las condiciones retributivas del colectivo. El origen del problema está en la decisión del Botànic de acabar con la figura de eventuales (regulada para el colectivo por el PP) y convertir a los conductores en personal laboral de a pie del parque móvil.

Aquello supuso un recorte salarial importante para los conductores que como asesores gozaban con un específico laboral del 45. Al cambiar de categoría, los chóferes recuperaron puestos clasificados con E30, pero, según defienden los sindicatos, al dar servicio a los consellers tenían que someterse a un régimen horario que implica «disponibilidad, nocturnidad y trabajo en festivos». Hasta septiembre, de forma voluntaria, hubo conductores que aceptaron trabajar para los consellers. Eran compensados con dietas y horas extras, aunque estas últimas están limitadas.

Abierta la negociacón sobre las condiciones laborales de 2018 decidieron pasar a la acción y exigir a la Administración que cumpliera con sus promesas. Tras semanas de tira y afloja, Función Pública puso encima de la mesa una propuesta: reclasificar en 2018 los puestos, mejorando el nivel y el específico, de tal manera que, aunque no se alcanzaba la reclamación del colectivo, retributivamente se estaba cerca. La oferta incluía también regular las guardias localizadas de este personal, que pasaría a convertirse voluntariamente en libre designación. La nueva regulación, que incluye la supresión de la fórmula de eventuales, debía hacerse con la modificacion de la ley de función pública. La vía rápida es mediante la ley de acompañamiento que está en las Corts a través de una enmienda con el consiguiente debate. Una oportunidad para el PP para desquitarse ya que, recurrir a la libre designación supone indirectamente dar la razón al anterior Consell del PP que defendía que los conductores de consellers debían ser personal de confianza. Los sindicatos están convencidos de que el Consell si no estuviera atado con su compromiso de reducir los asesores, recuperaría esta fórmula.

La oferta de la Administración implica que al menos hasta enero de 2018 los conductores sigan en la situación actual salarial. Los sindicatos mostraron su desconfianza el lunes porque la propuesta carece del aval de Presupuestos. Además, se niegan a dar garantías a una declaración de voluntades y cargar con la decisión de que estos puestos sean «a dedo» y no por concurso.

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