La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, lanzó ayer un mensaje de acusación contra el Gobierno valenciano al que culpó de seguir la "misma hoja de ruta que los nacionalistas catalanes hace 10 años" y añadió que desde la coalición gobernante están haciendo "uso de las escuelas como centros de adoctrinamiento". Estas declaraciones se enmarcaron dentro de la celebración del acto "Pacto por las Libertades Educativas", que tuvo lugar ayer en la sede de los populares en la ciudad de València.

Al evento también acudió Javier Maroto, vicesecretario de Política Social y sectorial del PP, quien puso como referencia a Bonig en la lucha contra el adoctrinamiento. Además insistió en el mismo mensaje sobre esta práctica señalando que este «no cabe en ninguna democracia». Además, Maroto restó importancia a la celebración de manifestaciones al afirmar que «los mensajes en las pancartas están muy bien» pero que es necesario actuar con eficacia "a través de las urnas".

Bonig reconoció que el conflicto derivado de la independencia de Cataluña ha solapado otros temas de interés, algunos relacionados con la Comunitat Valenciana "zona especialmente sensible", como la calificó, e insistió en que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la vicepresidenta Mónica Oltra, llevan a cabo una acción de imposición y chantaje lingüístico que han triplicado las reclamaciones presentadas con motivo del decreto del plurilingüismo llegando a las 6.000, según datos ofrecidos por Bonig. Además, la presidenta del PP valenciano se mostró muy segura sobre el "cambio en el Gobierno que se va a producir dentro de 18 meses", en alusión a las próximas elecciones autonómicas aludiendo directamente a la manifestación contra los «països catalans» que recorrió durante la mañana de ayer las calles de la capital y en la que se lanzaron proclamas contra la educación "en catalán" en los colegios.

Como propuestas educativas el Partido Popular destacó algunas como las de apostar por el fomento de la línea en valenciano en las zonas castellano parlantes, la exención de la asignatura en estas mismas zonas, y reforzar la inspección para que pueda actuar de oficio en estos supuestos de adoctrinamiento y "dejar de subvencionar a los centros y organizaciones que vulneran al Estatut" repartiendo agendas escolares en las que se "incluye a la Comunitat como parte de los països catalans".