En dos años y medio de gobierno de izquierdas en la Comunitat Valenciana, el Gobierno de Mariano Rajoy ya ha puesto en cuestión o ha recurrido ante el Tribunal Constitucional preceptos de una veintena de leyes y decretos valencianos. Las dos últimas normas en disputa son, además, de marcado cariz social, una de las banderas del actual Consell del Botànic.
Así, la ley de la función social de la Vivienda (que buscaba facilitar el acceso a colectivos con menos recursos) o la de Pobreza Energética (más laxa a la hora de aplicar cortes de suministro) han acabado en manos de los tribunales, apenas unos meses después de aprobadas por las Corts. En ambos casos, el Gobierno de Rajoy cree que el ejecutivo valenciano asume competencias que no le corresponden y ha recurrido al alto tribunal al fracasar las comisiones bilaterales.
Al final, ambas leyes han seguido idéntico camino que la de designación de senadores o los decretos con los que el Consell ha intentado asumir funciones de las diputaciones, ampliar el derecho de acceso a la sanidad universal o regular el uso institucional y administrativo del valenciano. Leyes que buscan ampliar derechos de colectivos históricamente desfavorecidos como la de identidad de género también han quedado abocadas a comisiones bilaterales, el mismo órgano que se ha activado para el decreto de plurilingüismo.
Además, meses atrás, el Tribunal Constitucional también dejó sin efecto las tres leyes valencianas de derecho civil nacidas al amparo de la legislación foral que recoge la reforma del Estatut valenciano de 2006: la de régimen económico matrimonial, la de custodia compartida y la de uniones de hecho, una potestad legislativa que sí tienen otras autonomías que también tuvieron fueros, como la valenciana.
En el Consell gana fuerza la teoría de que los recursos del Gobierno de Rajoy no obedecen tanto a cuestiones competenciales como a un camino decidido de activación de políticas recentralizadoras. La vicepresidenta, Mónica Oltra, cree que con esta fórmula de recursos continuados, el Gobierno quiere "hacer una política diferente a la que han elegido los ciudadanos en las urnas valencianas". La también consellera de Igualdad defiende que lo único que el Consell quiere hacer es cumplir con la Constitución en cuestiones como asegurar el derecho de los valencianos a la vivienda o evitar cortes de suministros.
Para el PP lo que ocurre con los recursos es más fácil de explicar. El diputado Jorge Bellver asegura que el Botànic aprueba leyes "chapuceras" que luego son cuestionadas por todos.
En ese contexto, reformas valencianas como la del Estatut de 2006 siguen encalladas en el Congreso, donde languidece la iniciativa para asegurar inversiones adecuadas al peso poblacional.
