La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio afronta en el ecuador de la legislatura la patata caliente de las concesiones del transporte regular por carretera. Un problema sobrellevado con parches en la última década, a pesar de que el sector del transporte avisó en 2007 de que la mayoría de contratos acababan en 2012.
Desde entonces se suceden las prórrogas para garantizar el servicio. O se han apagado incendios según han surgido. Como el servicio que comunicaba siete aldeas de Requena-Utiel con Cuenca donde renunció la empresa que lo gestionaba por falta de rentabilidad o el servicio del Saler, el Perellonet y el Palmar que finalizó en 2014 y que finalmente acabó absorbiendo la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València.
Para evitar este tipo de situaciones se ha aprobado un nuevo «Mapa concesional de los servicios públicos de transporte por carretera de la Comunitat Valenciana». Aunque hasta finales de 2018 -siendo muy optimistas- no podrá entrar en vigor porque se ha de tramitar un anteproyecto para cada concesión, redactar los pliegos de condiciones, convocar y adjudicar los concursos.
Hasta entonces la consellera de Obras Públicas, María José Salvador, presentó ayer las líneas maestras a las asociaciones de empresas del transporte por carretera y a los medios de comunicación.
La novedad más importante es que, en lugar de adjudicar trayectos concretos, lo que provocaba la existencia de 89 concesiones o contratos, se pasará al «nuevo concepto de concesión zonal» (ver el mapa adjunto) y donde habrá «un sólo contrato que abastecerá cada zona».
En todas las nuevas áreas de transporte se pretende integrar el transporte escolar y el regular, para aprovechar los traslados y aunar sinergias. Toda esta unificación permitirá, según anunció la consellera Salvador, «ofrecer servicios más competitivos y coordinar transbordos y horarios en la misma zona». También atender una franja de la población desatendida hasta ahora. «Un total de 42.918 personas de 43 municipios se habían quedado fuera de este sistema», por lo que no tenían ningún tipo de transporte público.
A partir de los nuevos contratos, se pretende que todos los municipios pequeños de interior tengan opción de servicio. Un «transporte a la demanda», explicó la consellera, para que «un vecino de los 17 que tiene Castell de Cabres pueda tener el teléfono del concesionario para poder llamar si tiene necesidad de un desplazamiento para ir al médico o al hospital y tener un servicio». A precio de autobús, aunque este ejemplo se asemeja más al servicio de un taxi, confirmaron desde la Conselleria de Obras Públicas en la rueda de prensa posterior a la reunión con los empresarios del sector del transporte por carretera.
Los nuevos trayectos que cubrirán las líneas de transporte aspiran a comunicar las poblaciones con centros de salud, hospitales y universidades o dar servicios a relaciones internas comarcales o de conexión con las capitales de provincia y de comarca. También quieren «introducir la perspectiva de género en estos servicios porque en determinados segmentos de población (de avanzada edad) las mujeres tienen menos permisos para conducir y son las que más necesitan el transporte público».
Datos extraídos del trabajo de campo que se ha realizado «pisando el territorio y entrevistándonos con alcaldes y vecinos de todas las comarcas». Por eso, justifican desde Obras Públicas, se ha tardado dos años desde el inicio de la legislatura en presentar el nuevo diseño del transporte por carretera.
«Habrá un cambio radical en el mapa concesional que pasará del siglo XIX a un diseño del siglo XXI», vaticinó Salvador que no desaprovechó la ocasión para criticar la situación «caduca, inadecuada y con patrones de hace décadas» con la que se encontró las concesiones. «Ahora llegaremos al 100% del territorio».
