El centro de Buñol se denomina de «recepción». Es decir, allí residen los menores tutelados por la Generalitat durante un breve espacio de tiempo mientras se les evalúa y deriva a un centro definitivo o a una familia de acogida.
La situación en Monteolivete se hizo insostenible y la Conselleria de Igualdad que dirige Mónica Oltra decidió cerrar el centro y trasladar a los menores a Buñol. Esperó hasta el verano, para no interferir «en el curso lectivo de los niños», invirtió 250.000 euros en mejorar las instalaciones y trasladó a los menores y los trabajadores, incluida la dirección, para convertir el de Buñol en el centro de recepción de menores de València, en sustitución del de Monteolivete. La calma duró apenas 20 días. Una reyerta entre usuarios del centro y vecinos reveló la masificación de las instalaciones (que debían acoger a 30 usuarios y tenían 44, aunque ahora hay 38) y provocó las quejas de unos trabajadores desbordados. Desde entonces, el centro de menores de Buñol no ha dejado de salir a la palestra. Las deficiencias de las instalaciones, la falta de seguridad y las críticas de los trabajadores se repiten en cada actuación. El Síndic de Greuges instó en varias ocasiones a la Conselleria de Igualdad a tomar cartas en el asunto y solicitar una auditoría externa del centro de Buñol, un procedimiento que comenzó finalmente el pasado lunes y que está a cargo de la Fundación Arcos del Castillo.
Inversión de 176.000 euros
«Los nuevos perfiles profesionales» permitirán «realizar tareas no estrictamente educativas orientando su labor de forma principal a la prevención, gestión y resolución de situaciones de conflictos social o de convivencia entre las personas, las comunidades o colectivos», afirmaron fuentes de conselleria.
