El informe de Unicef sobre la infancia en la Comunitat Valenciana en 2016 resaltaba que el último instrumento estratégico para las políticas de infancia que hubo en la Comunitat Valenciana fue el II Plan Integral de la Familia e Infancia de la Comunitat Valenciana 2007-2010.
«Esto significa que la administración autonómica ha carecido de un plan estratégico para la infancia durante 6 años (2010-2016). Es evidente en los indicadores que miden el bienestar infantil que se aportan en el informe (por ejemplo, la actual tasa de pobreza o exclusión social infantil -Arope-, situada en el 37,7%) , que esta carencia ha tenido repercusiones negativas en la infancia», rezaba el informe.
En 2016, el Consell comenzó a trabajar en ello. Durante el año pasado, entidades de la sociedad civil (Unicef, Cruz Roja, Cáritas y Save the Children) elaboraron un texto del Pacto Valenciano por la Infancia, en el que trabajaron todos los grupos de las Corts Valencianes como hoja de ruta parlamentaria hacia una mayor protección y desarrollo de los derechos de los niños de la Comunitat Valenciana.
El informe, además, exigía que los presupuestos se realizaran conociendo con exactitud la repercusión económica que tendría cada medida en la infancia. Este año, la Generalitat Valenciana cuenta con ese informe y sabe cómo repercutirá en los menores las cuentas previstas para 2018.
Sin embargo, esta tarea sigue pendiente en los municipios. «No es habitual que los ayuntamientos cuantifiquen específicamente lo que invierten en su población más joven, ni que diseñen los presupuestos en función de las necesidades detectadas de la infancia. Sin embargo, los municipios tienen muchas competencias que impactan directamente en la infancia, como el uso y disfrute de espacios públicos y verdes, el acceso al ocio y el tiempo libre, o la promoción de la participación ciudadana». Ayer, Igualdad anunció que duplicará las ayudas a los municipios para promover los derechos de la infancia con 300.000 euros.
