La exconcejala del PP de València, Maria José Alcón, intentó ayer desmontar uno de los pilares que ha sustentado la investigación del presunto pitufeo durante la campaña electoral de 2015: sus propias declaraciones autoincumpaltorias en las que admitía el blanqueo de capitales en pequeñas cantidades.

Alcón era una de las dos únicas personas del PP que pagaron los 1.000 euros que había admitido hasta ahora que la donación no fue a fondo perdido, sino que se le devolvió en dos billetes de 500 euros. Las otras tres personas que admitieron el pitufeo -asesores del PP- no llegaron a ingresar los famosos mil euros.

La exconcejala ya se retractó de sus declaraciones iniciales al comparecer como testigo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en la investigación por estos hechos contra el exconcejal y diputado en las Corts, Miquel Domínguez, que fue archivada. El cambio en la declaración de Alcón se produjo cinco meses después de que su actual marido, el exvicealcalde Alfonso Grau, fuera imputado por delito electoral en el caso Taula. Las investigaciones posteriores apuntan a Alfonso Grau como el supuesto «recaudador» del dinero en «B» que se destinaba a pagar en negro las campañas electorales de Rita Barberá desde 2007.

El juez ya intentó citarla en marzo para que aclarara sus contradicciones, aunque un recurso retrasó la declaración de Maria José Alcón hasta ayer.

La comparecencia de la exconcejala ante el juez y el Fiscal Anticorrupción del caso Taula apenas duró veinte minutos. La exdirigente popular se ratificó en su declaración ante el TSJCV y achacó a que estaba «medicada, bajo depresión y paranoide» sus declaraciones autoinculpatorias.

Alcón es investigada en el Caso Taula debido a que aparece en las grabaciones de Marcos Benavent supuestamente repartiéndose mordidas y amañando cinco contratos adjudicados entre 2003 y 2006 cuando Alcón dirigía la Concejalía de Cultura y por los que se habrían cobrado un mínimo de 48.000 euros en comisiones.

Es en este contexto en el que los investigadores del Caso Taula deciden intervenir los teléfonos de Alcón y Marcos Benavent mediante un auto del 14 abril de 2015. El primer día de las escuchas policiales (15 de abril) salta la sorpresa. Maria José Alcón charla por teléfono con su hijo y le explica la mecánica del pitufeo: "Yo les tenía que hacer una transferencia legal, de...de mi cuenta... Para blanquear dinero vamos, corrupción política total...". En la Fiscalía Anticorrupción también habían recibido un anónimo que denunciaba el presunto blanqueo. Alcón tuvo intervenidas sus llamadas sesenta días más.

Nueve meses después estalla el Caso Taula y la exconcejala Maria José Alcón fue una de las detenidas por los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. En su declaración ante los agentes, el juez y el Fiscal Anticorrupción del 26 de enero de 2016 admite todos los hechos. E, incluso, desvela que el presunto blanqueo se repitió en las Navidades de 2014 cuando la exsecretaria del grupo municipal, Mari Carmen García-Fuster, "le dio un billete de 500 euros y, aunque no recuerda muy bien el por qué, había que cambiarlo y devolverlo en moneda más pequeña". Alcón también admitió la donación de mil euros, devueltos en dos billetes de 500 euros a los forenses que la han examinado para evaluar su estado mental, a petición de las defensas del resto de acusados.

Unas confesiones al detalle que dos años después, y tras la imputación de su marido, Alcón achaca a la medicación y a su delicado estado de salud. También admitió en su breve declaración de ayer que cuando la grabó la Guardia Civil "estaba muy, muy enfadada" con el PP por haberla relegado al puesto 16 en la candidatura de 2015, al que renunció antes de las elecciones.