La Alianza de la Sanidad Privada, ASPE, la entidad que agrupa a las principales empresas del sector, ha llevado ante los tribunales el concurso para contratar el servicio oncológico integral, que se adjudicó el IVO el pasado mes de octubre. Así se desprende del anuncio publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana y ayer confirmaron fuentes de la patronal.

El recurso -aún sin formalizar-se ha presentado contra la resolución que firmó en mayo la consellera de Sanidad, Carmen Montón para buscar nuevo adjudicatario y por el hecho de que, para ello, se apostara por la vía de la acción concertada y no por un concurso de servicios al uso. Esta vía de la acción concertada (que el Consell ha desarrollado en una ley propia) marca que solo las entidades sin ánimo de lucro o las públicas pueden concursar. Por esta vía se ha adjudicado ya el servicio oncológico al IVO y el de detección de cáncer de mama de dos áreas de salud a la Asociación contra el Cáncer.

Desde la Alianza de la Sanidad Privada entienden que este contrato «vulnera los principios de igualdad de trato y de no discriminación» y van más allá al asegurar que la ley en la que se apoya este contrato «es contraria a la nueva ley básica estatal, lo que significa que no tendrá validez debido a una inconstitucionalidad sobrevenida». De hecho, ASPE ya solicitó a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril que interpusiera un recurso de inconstitucionalidad contra la ley, petición que no salió adelante. Eso sí, Becerril rechazó presentar el recurso contra la nueva ley 7/2017 de acción concertada pero puso «deberes» a la consellera Carmen Montón para evitar «desajustes» en la aplicación de la nueva ley que pudieran afectar «al derecho a la salud de los ciudadanos».Así, el organismo recomendó a la Generalitat que adoptase "un plan de control del proceso de adjudicación» de los conciertos sanitarios para garantizar que se cumplen los principios de «transparencia y no discriminación» y evitar también la «concentración de la prestación del servicio en una o dos entidades».

Además pidió que la concertación sanitaria se haga con la «publicidad suficiente» para garantizar el principio de igualdad y que se vigile la prestación de los servicios concertados para que los derechos de los pacientes «no se vean rebajados» además de establecer medidas para evitar «disfunciones al cambiar el modelo de prestación del servicio sanitario». Además, recuerda la necesidad de aprobar un reglamento de desarrollo lo antes posible.

La patronal recordó ayer que los informes de Abogacía y de Intervención de la Generalitat sobre la contratación del IVO también pusieron de relieve estos «importantes defectos en la convocatoria de esta acción concertada».