Un enfermo de esclerosis múltiple con domicilio en determinada comunidad autónoma del Noreste de España no puede acceder a un fármaco que alivairía su dolencia. Pero si se traslada a casa de su primo, que vive en Pamplona, no tendrá ningún problema en recibir el tratamiento adecuado de forma inmediata. Óscar Fernández, presidente de la Sociedad Española de Neurología, ha alertado esta mañana en València sobre los riesgos de un novedoso turismo farmacológico en España.
La sociedad de neurología ha aprovechado la inauguración de su congreso anual para presentar los resultados de una encuesta entre sus asociados para detectar las dificultades que sufren a la hora de prescribir determinados tratamientos. Los pacientes neurológicos suelen ser crónicos. Sus tratamientos suelen ser caros. Y los presupuestos de las comunidades autónomas, incluso de los hospitales, son cerrados. Como resultado, los pacientes que viven en Canarias, Extremadura o Galicia tienen problemas para acceder a fármacos que son habituales en Navarra, La Rioja, Baleares o la Comunidad Valenciana.
Como media, el 53% de los neurólogos asegura haber tropezado con problemas a la hora de recetar ciertos medicamentos. Un porcentaje que alcanza al 90% en Canarias y sólo al 10% en Navarra.
José Miguel Láinez, presidente de la sociedad de neurólogos de la Comunidada Valenciana, ha destacado que "a pesar de que la financiación no es la óptima", apenas un 22% de los profesionales valencianos declaran haber sufrido problemas.
Las diferencias entre las posibilidades de acceder a ciertos tratamientos en razón de la autonomái donde reside el paciente tienen un origen exclusivamente económico, Fernández recordó cómo todos los medicamentos aceptados por el sistema de salud pública están homologados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA). Una vez aprobado un fármaco, cada Estado de la Unión Europea negocia el precio con la industria farmacéutica. En España, esa negociación suele retrasar al menos un año la posibilidad de utilizar los medicamentos autorizados por la EMA, ha explicado Fernández.
A partir de ahí, las comunidades autónomas ponen trabas, esencialmente burocráticas, para intentar recortar sus gastos. El problema se reproduce en el seno de los propios hospitales. Y lo pagan los pacientes. Quienes, en muchos casos, optan por trasladarse desde Badajoz a Alicante, por ejemplo, para poder recibir determinado tratamiento. "El problema no se puede cuantificar", ha dicho Fernández, "pero existe".
