El pleno de Les Corts Valencianes ha aprobado hoy por unanimidad de todos los grupos parlamentario el dictamen de la subcomisión sobre la erradicación de la violencia machista, que recoge 186 medidas que deben regir las políticas del Consell en esta materia.
El informe ha sido elaborado por la subcomisión especial para la realización de un trabajo integral para la erradicación de las violencias de género en la Comunitat Valenciana y está previsto que sea remitido al Congreso de los Diputados y al Gobierno por si pudiera servir de referencia a nivel estatal.
Las conclusiones de este dictamen han sido elaboradas de forma consensuada entre todos los grupos parlamentarios tras un año de trabajo, y han sido presentadas hoy en el pleno por la presidenta de la comisión de Políticas de igualdad de género y del colectivo LGTBI, Llum Quiñonero (Podemos).
El dictamen recoge líneas de acción en los ámbitos de educación, salud pública, justicia, seguridad, laboral, juventud, medios de comunicación, redes sociales y tecnologías de la información y el conocimiento, servicios sociales, mujeres con diversidad funcional, el medio rural y mayores.
El informe también incluye el concepto de violencia machista y el de feminicidio, que se define como asesinato de una mujer por razón de su sexo.
La revisión del régimen de visitas y la retirada de la patria potestad a los maltratadores, la necesidad de más recursos en este ámbito, protocolos para hacer frente a casos de acoso o violencia en las escuelas o incluir cláusulas en la contratación pública para la inserción sociolaboral de las víctimas, son algunas de las propuestas.
En educación, se propone fomentar el aprendizaje en prevención de situaciones de conflicto vinculadas a comportamientos sexistas, la formación en violencia de género de los coordinadores de igualdad o contar con protocolos para hacer frente a casos de acoso o violencia.
En salud pública, se prevé difundir información sobre los recursos, la formación de profesionales de la salud y garantizar una detección precoz de las situaciones de violencia de género, entre otras actuaciones.
En el ámbito de la justicia, se insta al Gobierno a que prevalezca en todo momento el interés del menor en los derechos de custodia y visitas en los supuestos de ruptura de la convivencia de los padres en caso de violencia, y superar la vinculación entre denuncia y protección asistencial.
En el campo laboral, se pide mantener a las víctimas de violencia de género en los programas de fomento del empleo o crear uno específico, incluir cláusulas en la contratación pública para la inserción sociolaboral de las víctimas, y garantizar la inserción de las mujeres con inscripción preferente en las líneas de actuación del Servef.
La diputada de Podemos Cristina Cabedo ha colocado en la tribuna un cartel en el que podía leerse 'Yo sí te creo, la manada somos nosotras', y se ha referido a la necesidad de no culpabilizar a la víctima de este tipo de agresiones. Ha recordado que hace 25 años en el crimen de las niñas de Alcàsser ya se juzgaba en algunos casos "por dónde iban las niñas, qué ropa llevaban" o a sus propios padres, cuando lo único que cabe destacar es que aquello fue "un feminicidio" de jóvenes valencianas.
Maria Josep Ortega (Compromís) ha calificado de "vergüenza" lo visto en el juicio a 'La Manada' en el que "la víctima parece la acusada" y ve "lamentable" que parece que "si después de ser violadas intentamos seguir con nuestra vida es que no ha sido para tanto".
También Mercedes Ventura (Ciudadanos) y la socialista Rosa Mustafá han criticado la violencia machista y esta última ha pedido "no avalar con el silencio cualquier tipo de violencia" ni el 25 de noviembre "ni cualquier otro día". También ha subrayado que "un padre maltratador no puede ser nunca un buen padre".
Por último, la diputada del PP Blanca Garrigues ha lanzado a las víctimas el mensaje de que "no están solas" y ha indicado que no se puede consentir "ni una víctima más", al tiempo que ha apuntado a que "algo está fallando" para que estos casos sigan produciéndose.
