Un juzgado de instrucción de Valencia investiga al exconseller y exdelegado del Gobierno, Serafín Castellano, por las adjudicaciones en la Generalitat a su amigo y constructor de cabecera, José Miguel Pérez Taroncher, en la Generalitat. La causa, sin embargo, no se ha podido seguir contra el empresario de la Pobla de Vallbona, ya que falleció en mayo de 2016. Aunque continúa contra sus herederos, ya que una de las dos empresas de Taroncher que logró jugosos contratos pertenecía a los dos hijos del empresario fallecido.
Esta investigación surgió como una pieza separada de la investigación que se sigue en el Caso Avialsa que investiga el Juzgado de Instrucción 2 de Sagunt por, presuntamente, pactar precios de los aviones de extinción de incendios y sobornar a políticos y funcionarios para obtener un trato de favor. Castellano y Taroncher fueron detenidos el 29 de mayo de 2015 por estos hechos. El primero fue engrilletado por los agentes de la Unidad de delincuencia económica y fiscal (Udef) cuando aún era delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana.
La información obtenida en el transcurso de la investigación sobre el cártel del fuego es la que ha permitido recabar los datos por los que un juzgado de València investiga a Castellano y los herederos de Taroncher por los presuntos delitos de «cohecho, falsedad en documento público, malversaciónde caudales públicos y blanqueo de capitales», según el auto del Juzgado de Sagunt que creó la pieza separada para que pasara a reparto en el decanato de València.
Los agentes de la UDEF confirmaron en el transcurso de la investigación del Caso Avialsa que las empresas de Taroncher florecieron mientras su amigo Serafín Castellano iba encadenando cargos en la administración pública. «La Generalitat es el principal cliente» de Construcciones Taroncher en 2007, a quien facturó 1.627.568,57 euros. El segundo cliente por volumen de negocio de aquel año fue la empresa pública Ciegsa, investigada en el Caso Taula por el presunto pago de mordidas y que estuvo dirigida por Máximo Caturla desde 204 hasta ese mismo año. Antes de abandonar Ciegsa, Caturla adjudicó dos jugosos contratos a Construcciones Taroncher por valor de 1,8 millones de euros, a pesar de que la empresa de la Pobla de Vallbona nunca superó la media docena de trabajadores.
Los contratos que ahora van a ser examinados bajo la lupa judicial son las obras realizadas para el Hospital La Fe (contratadas sin ningún tipo de expediente administrativo, ni convocatoria, encargo o procedimiento negociado sin publicidad), el Arnau de Vilanova, la Escuela de Enfermería y los servicios centrales de la Conselleria de Sanidad. Para la empresa pública Vaersa, las empresas de Taroncher también ejecutaron obras en el pavimento del Centro de frutos secos de Almassora, que se construyó por 2,4 millones y quedó sin uso durante el gobierno en la Generalitat anterior.
Por último, la instrucción judicial también analizará las adjudicaciones a las empresas de Taroncher por Ciegsa en ocho institutos y colegios de Almussafes, Gandia, València y Xeraco.
