El desfile de empresarios que pagaron en conjunto 2,6 millones de euros a la empresa de comunicación Laterne Product Council, responsable de la campaña electoral de Rita Barberá en 2007, sigue en el Juzgado de Instrucción 18 de València.
Unas declaraciones en las que sigue la desmemoria de los aportadores que, en el caso de las comparecencias de ayer, llegan al extremo de desconocer a la empresa de comunicación y a sus más directos responsables. Es lo que declararon ayer los responsables de las empresas Rover Alcisa y Urbana Ducat, que pagaron 60.000 y 30.000 euros, respectivamente, a Laterne Product Council, según confirman a Levante-EMV fuentes conocedoras de su declaración. Una de los representantes de estas empresas incluso declaró que no constaba en la contabilidad de la mercantil la aportación a LPC. Aunque, como recordó el magistrado de la causa durante el interrogatorio, el pago está acreditado mediante el justificante de las transferencias realizadas por las mercantiles.
Recurso rechazado por el juez
El juzgado de Instrucción 18 de Valencia también también hizo público ayer el auto del magistrado Víctor Gómez Saval en el que rechaza el recurso presentado por la concejala del PP en el Ayuntamiento de València, Beatriz Simón, contra la decisión del juez de incorporar a la causa del presunto pitufeo la información remitida por el Ayuntamiento de València.
La edil, investigada por el presunto blanqueo junto a cincuenta concejales, exediles, asesores y exasesores del grupo municipal popular se había opuesto a la recepción de la documentación alegando que "se había aportado más de lo que el juzgado había requerido". El magistrado, sin embargo, rechaza las pretensiones de la concejala del PP de València porque considera que "no parece que dicho motivo vulnere las normas de procedimiento, ni ningún principio que deba regir la investigación penal" por lo que desestima el recurso de Simón.
