El trato es sencillo: si las comunidades gestionan el 67 % del gasto del Estado del Bienestar (léase educación, sanidad y dependencia) sería justo aumentar su parte en los principales impuestos. Este es, en trazo grueso, el núcleo de la propuesta que el Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra ha enviado al Ministerio de Hacienda de cara a la elaboración de un nuevo modelo de financiación autonómica.

Bajando a lo concreto, el informe de la Conselleria de Hacienda plantea que las autonomías asuman el 70 % de la recaudación del IVA y de los impuestos especiales (cerveza, tabacos, hidrocarburos y energía). Actualmente se quedan con el 50 % del primero y el 58 % del segundo. No se trata, por tanto, de una subida de impuestos, sino de ampliar la cuota autonómica en estos tributos en detrimento de la Administración central.

Supone, de esta manera, un paso más en la descentralización y el Gobierno popular de Mariano Rajoy deberá decidir ahora si acepta explorar esa senda tras el conflicto de Cataluña o prefiere el camino contrario: el de la recentralización.

¿De cuánto dinero estamos hablando? El cálculo a partir de la previsión de ingresos reflejada en los presupuestos de 2018 es que entrarían 1.950 millones más en las arcas de la Generalitat por la ampliación del tramo autonómico de los dos impuestos mencionados. No obstante, a la cifra habría que restar lo que ahora se percibe a través de fondos que desaparecerían (el de cooperación y el de competitividad).

El resultado final sería que la C. Valenciana ingresaría alrededor de 1.500 millones más. La cifra encaja con la que viene reclamando el Govern del Botànic, que en cada presupuesto desde 2016 incluye una partida (reivindicativa o ficticia, según quién la valore) de 1.300 millones. En los últimos documentos ha pasado a cifrar en 1.600 millones el coste de la infrafinanciación y la infrainversión. Por tanto, el ingreso adicional se movería en esa horquilla.

La propuesta contempla también la cesión a las comunidades de impuestos que ahora van al 100 % a la caja central (el de las primas de seguro y los medioambientales estatales), pero suponen cantidades menores: 44 millones entre ambos según la liquidación de 2016.

Condonar 20.245 millones

La solución valenciana, remitida por el técnico que representa al Consell en el comité, José Antonio Pérez, incluye además la condonación de la deuda histórica atribuible a la insuficiencia de recursos del modelo: 20.245 millones en el caso valenciano.

Ahora corresponde al ministro Cristóbal Montoro mover ficha. Puig y Oltra incidieron ayer en la necesidad de que el nuevo sistema esté en 2017. "Exigimos que se cumpla con la palabra dada por Rajoy", dijo el jefe del Consell tras la reunión de la ejecutiva del PSPV. Oltra afirmó que la financiación se puede arreglar "igual de rápido" que el cupo vasco.