199 plazas. Ésta es la cifra que el Consell ha puesto encima de la mesa para la oferta de empleo público de 2017 de sus empresas y entidades públicas, un pata de la Administración que el PP agigantó en sus veinte años de gobierno en la Generalitat y que arrastra un porcentaje de temporalidad superior al 30%. No parece, sin embargo, que la situación de las plantillas en el sector público instrumental de la Generalitat cambie mucho esta legislatura. Ni entrará mucha gente nueva de la calle (al menos para ocupar puestos fijos), ni se tocará al personal contratado en su día sin proceso de selección, ni parece tampoco que se implante como fórmula de acceso el concurso oposición.
Al menos así se deduce de la última propuesta que la Administración ha presentado a los sindicatos y que, de momento, ha sido rechazada. Y es que en el plazo de menos de un mes, la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico ha modificado una primera propuesta en la que, de un lado, se establecía el sistema de concurso oposición para acceder a un puesto en el sector público y, de otro, se instaba a las entidades a sacar ofertas de empleo público que, además de cubrir las plazas vacantes, permitieran reducir la estabilidad al 8%.
En una semanas el Consell ha cambiado de criterio y el pasado martes en una nueva reunión de la Mesa de Diálogo del Sector Público presentó un nuevo documento con cambios sustanciales. El concurso oposición queda reconvertido en «procesos selectivos que incorporen pruebas objetivas que respeten los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad». Esta fórmula abre la puerta, apuntan desde UGT, a todo tipo de pruebas, incluida una entrevista o un concurso de méritos, como ocurría en época popular.
Cambio
Pero no es el único cambio de calado en la nueva propuesta. Cabe apuntar que todas las ofertas de empleo público en el ámbito de la Administración autonómica están sometidas a la ley de presupuestos del Estado de 2017 que, si bien de un lado, sigue limitando la contratación a través de las tasas de reposición, de otro, abre la puerta a ofertar aquellas plazas que están ocupadas de forma interina o temporal ya sea en la Generalitat o en el sector público.
La vía de la consolidación (plazas ocupadas interinamente desde antes de 2005 o de la estabilización (interinos de larga duración) permite convocatorias ventajosas para los temporales (la fase de concurso puede llegar al 40% de la nota y valorarse hasta un 30% la experiencia en el puesto) si bien antes deben aprobar un examen.
La ventaja para el Consell es que estas plazas no suponen incremento de gasto (están ya presupuestadas) y la oferta puede ser mayor. El Consell admite en su propuesta que llegar a reducir al 8% la temporalidad en su sector público es imposible, pero, a diferencia de su primera propuesta, no mandata a las entidades públicas a plantear ofertas para estabilizar el empleo. Se limita solo a "instar" a que antes de que acabe el año presenten una propuesta.
Para los sindicatos, el peinado al texto no es casual. Cabe apuntar que sacar a oferta estas plazas podría incendiar al personal que, para quedarse, tendrá que pasar un examen. La mayoría no lo ha hecho. Es la patata caliente de los ´enchufados´, en terminología de la izquierda cuando era oposición, que Hacienda se resiste a tocar. Por otro lado, en caso de perder su puesto, este personal tendría derecho a indemnización.
En este contexto, el Consell quiere optar por la vía menos traumática. Una oferta de 199 plazas para cubrir vacantes y dejar en el aire, al menos este año, lo tocante a la estabilización del empleo. El Consell ha calculado que los 199 es la cifra máxima a la que podrá llegar tras aplicar a cada uno de sus entidades la tasa de reposición establecida vía ley de presupuestos. La mitad de estas plazas correspondería a puestos de trabajo del Hospital General de València. Vaersa, con 20 plazas, sería la mercantil con mayor oferta.
