La ofensiva del PP contra las ayudas públicas que reciben los sindicatos mayoritarios y la patronal valenciana no se detendrá en las enmiendas al presupuesto de 2018. El PP está dispuesto a apretar aún más las tuercas a los promotores de la manifestación del 18 de noviembre, los sindicatos CC OO y UGT y la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), que impulsaron la protesta en defensa de una financiación justa.

Aunque en minoría en las Corts, el partido que lidera Isabel Bonig tiene intención de proponer la modificación de una ley que el PP de Alberto Fabra y la propia Bonig como consellera y diputada apoyaron en 2015 sin atender a las enmiendas de la oposición y que busca que otros sindicatos (Intersindical o CSI·f ponen como ejemplo) puedan optar a esas ayudas en libre concurrencia con los otros.

Revisar subvenciones a partidos

Los populares quieren cambiar la Ley de Participación Institucional en un volantazo sin precedentes que el propio PP justifica en que está en la oposición y se siente ahora más libre para acabar con determinadas ayudas que cuando estaban en el gobierno.

La propia Bonig critica ahora que algunas subvenciones se eternizan en los presupuestos y en ocasiones suponen ayudas camufladas. Además, el PP quiere promover una comisión de estudio para revisar no solo las ayudas a patronal y sindicatos, sino también las que reciben los partidos de los presupuestos de la Generalitat o de las Corts para el funcionamiento de los grupos.

Bonig niega que su decisión sea una venganza contra los promotores de la manifestación del 18 de noviembre, pero el síndic de Compromís, Fran Ferri, asegura que el PP solo quiere una patronal «obediente y clientelar» y Podemos lo considera una «pataleta» del único partido que no secundó la manifestación.

En opinión del socialista Manolo Mata, el PP está en la «kale borroka parlamentaria» y quiere «reventar el sistema» ya que las ayudas a partidos y sindicatos desde la transición están reguladas por leyes orgánicas estatales.