Constitucionalista y diputado, Artemi Rallo fue director de la Agencia de Protección de Datos en el último gobierno de Zapatero, de modo que se declara muy sensible a los derechos digitales, ahora huérfanos de amparo en la Constitución. Si esta no se ha reformado en 39 años, dice, es por el «pánico al cambio» del PP.
P ¿Qué futuro podemos esperar de la comisión del Congreso? ¿Es optimista?
R Es obligado serlo porque los retos son mayúsculos. Ahora bien, los resultados van a depender de la voluntad política. La del PSOE es inequívoca: hemos impulsado esta comisión. Otros grupos arrastran los pies, como PP y Cs. Y hay otros sin cuyo concierto no tiene mucho sentido llegar a conclusiones.
P ¿La comisión nace coja sin diputados catalanes?
R Esa cojera puede ser superable. Cuando se produzcan las elecciones es razonable que estén disponibles para el diálogo.
P ¿El Estado de las autonomías está agotado?
R Ha sido uno de los grandes éxitos del proyecto de 1978. La descentralización que supuso ha sido una fórmula genial. No creo que se puede calificar como agotado ni de lejos. Sí es verdad que está en crisis por dos causas: la recesión económica, que dio una excusa a la derecha para centralizar, y la crisis de acomodo de las nacionalidades.
P Ximo Puig habló de un modelo agotado tras el 1-O. ¿Hacia dónde hay que ir? Los socialistas hablan de modelo federal, pero se parece mucho al autonómico.
R Casi ningún país tiene un nivel de descentralización política como el español. Cuando hablamos ahora de federalizar más, ponemos el énfasis en una de las lagunas, porque en lo que falla el modelo autonómico es en mecanismos y espacios de coordinación y diálogo con el Estado. El ejemplo clamoroso es el Senado. Alemania o EE UU tienen cámaras donde los gobiernos de los estados pactan y deciden. En España no existe, sino que el Gobierno maneja a su antojo las relaciones con las autonomías. Ese es un modelo muy autoritario.
P Esa reforma del Senado proponen los diez catedráticos que han presentado un documento de ideas. ¿Le parece la vía correcta?
R Esa propuesta de un Senado que se ocupe en exclusiva de las cuestiones de las comunidades y donde estén representadas es algo que se viene diciendo por toda la academia desde hace veinte años.
P ¿Y por qué sigue todo igual?
R La política española ha sido incapaz de llegar a un acuerdo. Si se hubiera hecho hace diez años, a lo mejor no estábamos donde estamos ahora.
P ¿Podría haber eliminado el conflicto en Cataluña?
R El caso hay que analizarlo en su situación. Cataluña ha tenido una derivada de alejamiento provocada por una acción hostil del PP. Aznar y Rajoy han sido los que a fuerza de despreciar las iniciativas y propuestas catalanas la han ido expulsando del diálogo leal.
P ¿El café para todos fue un error?
R Dio respuesta a una necesidad de descentralización política que ha beneficiado a todos los territorios. Fue un éxito en este sentido, pero es verdad que España tiene algún problema. Hay territorios con una reivindicación de su identidad. A eso se dio respuesta en 1978, pero siguen poniendo énfasis en que se acoja mejor esta realidad. No tendría que ser un obstáculo insalvable.
P ¿Se les puede llamar nación en la Carta Magna?
R El problema no son las palabras, no hay que tenerles pánico, pero estas no pueden nunca amparar el privilegio o la discriminación.
P Para privilegio, el cupo vasco.
R Hay una confusión permanente y perversa, que es identificar derechos históricos (concierto) con el cupo. El resultante de ese cupo da una situación extraña, ya que los ciudadanos vascos disponen de más recursos que los de otras comunidades, como la valenciana. Lo importante es resolverlo.
P ¿Es el momento entonces de reformar la Constitución?
R Sin duda. Es complicado y se ha de hacer sumando, pero la sociedad española actual tiene derecho a actualizar su marco de convivencia.
P ¿Y ve mucho para cambiar?
R Bastante, y no solo en relación con las autonomías. Han pasado 40 años y nuestra vida hoy está marcada, por ejemplo, por la tecnología. Yo soy muy sensible a que la Constitución ha de reconocer un catálogo de derechos digitales, que hoy tienen más sentido que algunos de los del constitucionalismo clásico.
P ¿En qué derechos piensa?
R Garantizar el derecho del acceso a internet, el del olvido, proteger los derechos fundamentales en las redes. Ha de tener un amparo jurídico al máximo nivel.
P ¿Es demasiado radical hacer la Constitución de nuevo?
R ¿Por qué hacerla de nuevo? En la Constitución sobra muy poco y falta mucho. Solo hay que quitar una cosa, que es un insulto a la sensibilidad social hoy: la preferencia del varón en la sucesión de la corona. P ¿Y la comisión que ha de abordar todo eso es solo para hablar, como dice Rajoy?
R Cuando dicen eso, dicen algo más: que no tienen un compromiso previo de que el diálogo conduzca a unos acuerdos que la sociedad clamorosamente demanda.
P ¿A qué atribuye la pasividad histórica a tocar la Constitución?
R Tiene su lógica. La derecha es el conservadurismo por definición, tiene pánico al cambio.
P ¿El PSOE no debería haberlo impulsado cuando tenía el poder?
R El PSOE ya hizo un esfuerzo en 2004, con Zapatero. Se le encargó un dictamen al Consejo de Estado, que fue favorable a determinadas reformas, como la del Senado. Pero el PP siempre ha estado en las antípodas.
P ¿La financiación autonómica se ha de abordar en ella o mejor no mezclarla para que no sea una excusa para retrasar la aprobación de un nuevo modelo?
R En esta comisión no hay que negociar nada referido a la financiación autonómica. Su actualización ha de acordarse fuera entre el Gobierno y los representantes de las comunidades autónomas.
