Los ayuntamientos de Castelló también reclaman poder utilizar sus superávits. En Vila-real, el alcalde José Benlloch, criticó que el ayuntamiento no pueda destinar los 786.000 euros de 2016 a negociar y abonar parte de los cinco millones de euros que se deben en nuevas sentencias urbanísticas. «El Gobierno central nos obliga a pagar primero a los bancos», denunció.
Nules cerró el 2016 con un superávit de 1, 2 millones. Como avisó el alcalde, David García, «evidentemente, criticamos que no podamos gastar nuestros remanentes en invertir para nuestros vecinos. Se está castigando desde el Gobierno central a las administraciones que cumplimos y ellos, que no reducen el déficit, pueden seguir haciendo y deshaciendo sin ningún control».
En Almassora, con un remanente de tesorería de 3,6 millones, su edil Santiago Agustí, comentó que «a aquellos que mantenemos un endeudamiento bajo se nos está limitando la capacidad de hacer frente a mejores servicios o inversiones». Por su parte, la alcaldesa de Borriana, Maria Josep Safont, también se quejó de las políticas del Gobierno del PP que «ahogan» a los municipios impidiendo las inversiones.
En Onda, con un superávit de 314.793,43 euros, la concejala de Hacienda, Silvia Cerdà, instó al Gobierno a permitir a los ayuntamientos «utilizar los superávits de los que disponemos, sin tantas limitaciones, para poder llevar a cabo más inversiones que beneficien a los vecinos». En Segorbe, su ayuntamiento contaba en 2016 con un remanente de 5.500.000 euros y su alcalde Rafael Magdalena afeó que en la actualidad no se pueda invertir este dinero en contratación de personal, «algo que está muy limitado», en mejoras salariales o infraestructuras públicas como una residencia. En Benicarló, el superávit supera los 2,4 millones de euros y como explicó el edil de Hacienda, Carlos Flos, «la regla de gasto castiga injustamente a los que ahorramos y nos ha obligado a amortizar deuda, en lugar de poder destinaro a servicios básicos o inversiones necesarias».
