La empresa concesionaria del departamento sanitario de Alzira, Ribera Salud, negó ayer que exista sobrefacturación en las Urgencias del hospital de la Ribera como apunta un informe de la Alta Inspección de la Generalitat de que ayer informó Levante-EMV.
El documento señala que esta práctica ya fue detectada en el trienio 2013-15 pero persiste en 2016, cuando miles de actuaciones en centros de salud de la comarca habrían sido comunicadas y facturadas como si se hubieran realizado en las Urgencias del hospital.
Sin embargo, fuentes oficiales de la firma de gestión sanitaria aseguran que los centros de salud a los que se refiere la información -los de Cullera, Sueca, Benifaió, Carlet y Alzira II- ofrecen servicios de Urgencias que cuentan con una dotación en tecnología, recursos y camas de observación similares a las de cualquier hospital, por lo que es una atención especializada.
Además, añaden que desde el inicio de la actividad concesionaria, las urgencias atendidas en estos centros integrados se han facturado como urgencias hospitalarias, cosa que la actual Conselleria de Sanitat Universal y Salud Pública ha aceptado de esa forma en las liquidaciones de los ejercicios 2008-2012, aseguran.
También niegan la existencia de sobrecostes en la facturación a la Conselleria de Sanidad. Sostienen que todas las auditorías internas y externas de la UTE Ribera Salud demuestran que se sigue escrupulosamente el Real Decreto Legislativo 1/2005 del Consell que aprueba la Ley de Tasas que marca las condiciones de la facturación.
Remarcan además que ya presentaron un escrito de alegaciones el pasado mes de enero tras una información de Levante-EMV sobre sobrecostes en la facturación de las urgencias de los años 2013 a 2015, sin que, a día de hoy, la Conselleria de Sanidad se haya pronunciado sobre estas alegaciones, añaden.
Campaña difamatoria
La empresa está convencida de que ésta es una prueba más de la campaña de «desprestigio y maledicencia» que la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública mantiene contra Ribera Salud.
Acusan al departamento que dirige Carmen Montón de «emitir bulos infundados ante su incapacidad para poder rebatir, con objetividad, nuestros buenos datos asistenciales y de gestión», señalan las mismas fuentes de la empresa.
En este sentido, sostienen que, según establece el pliego de condiciones, las liquidaciones deben hacerse a año vencido, por lo que la actual Conselleria de Sanidad está incumpliendo la obligación de convocar éstas con la periodicidad que establece el contrato. La empresa también acusa a la conselleria de Sanidad de no remitirle los informes oficiales.
El documento apunta que la práctica de presentar como urgencias hospitalarias muchas de las atendidas en centros de salud se ha mantenido en los años inspeccionados y dice que los datos de la firma no son fiables.
