El expresidente de Emarsa y Emshi y exalcalde de Manises, Enrique Crespo, se considera un «presidente institucional» de los consejos de administración de las dos empresas públicas, engañado por los directivos de Emarsa, Esteban Cuesta, Enrique Arnal y Sebastián García Martínez «Chanín». Todos están acusados de malversar y desviar 23,5 millones de euros del presupuesto de la depuradora de Pinedo.

La defensa de Crespo solicitó ayer la absolución del también exvicepresidente de la Diputación de València. «Crespo simultaneaba varios cargos y eso le impedía ejercerlos con responsabilidad, pero eso no es delito», aseguró el letrado Juan Antonio Choclán durante su exposición, en la que no perdió la ocasión de lanzar puyas varias a la Fiscalía y las acusaciones populares y particulares en la causa. «Que evitó el control es la acusación principal, lo demás es literatura. Por esa omisión se le considera autor de malversación. No necesitaban 700 páginas para decir esto», defendió en tono irónico el letrado, que ya logró la absolución de la familia Crespo-Calatrava en el juicio por alzamiento de bienes en el que se les acusaba de ocultar el premio de la lotería de Navidad de 2011. Y también consiguió la anulación por el Supremo del juicio por blanqueo de capitales contra el hermano del dirigente político, que debe repetirse en la Audiencia Nacional.

A juicio del letrado Choclán, no existe en la causa prueba de cargo inequívoca para confirmar la «autoría delictiva» de Crespo. «No bastan los indicios, ni la apariencia de participación. Si hay incertidumbre se debe dictar sentencia absolutoria», reivindicó ante el tribunal. Al tiempo que achacaba a las acusaciones de «voluntaristas que han construido la prueba al revés». A la defensa de Crespo no le sirve las acusaciones inculpatorias de los arrepentidos Bernácer, Cuesta y Arnal. «No pueden ser prueba de cargo, porque sus testimonios no se han sometido a contradicción de las defensas y ni siquiera hay coincidencia entre las versiones de los acusados. Son contradictorios y no se ponen de acuerdo entre sí».

Sobre el control en la Emshi y Emarsa, Choclán aseguró que ésta era compartida con los vicepresidentes Manuel Corredera y Ramón Marí, además de los «habilitados nacionales» (secretario e interventor) de la Emshi que «debían controlar a las empresas». Dos mercantiles que fueron «un desastre y un descontrol total, pero no es justo recaer toda la responsabilidad en el presidente institucional de Emarsa», defendió el letrado.

Por último, sobre la pena de veinte años solicitada por las acusaciones (diez años por cada una de las dos empresas implicada en el saqueo), el letrado consideró que esta «doble imputación es un alarde de populismo delictivo que va en contra de toda la jurisprudencia» y rebajó a «ocho años, en el peor de los casos» la pena que se le podría aplicar al exalcalde de Manises quien, destacó, «no ha visto incrementado su patrimonio, como ha acreditado la agencia tributaria ni se ha demostrado que fuera él quien sacaba dinero de los cajeros».

El abogado de Juan Carlos Gimeno, José Vicente Gómez Tejedor, también pidió la absolución del administrador de Area Este y CRM Adecua, dos empresas que trabajaron para Emarsa, y cuyos trabajos «han sido justificados». El letrado definió a Gimeno como «un verso suelto» en Emarsa.