08 de diciembre de 2017
08.12.2017
Personal

Cacsa y FGV admiten descontrol en la documentación sobre sus plantillas

Hacienda pide ayuda a los sindicatos ante el caos en el personal del sector público - La conselleria quiere convocar oposiciones para consolidar los puestos de los trabajadores temporales

08.12.2017 | 08:34
Cacsa y FGV admiten descontrol en la documentación sobre sus plantillas

Ni la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) ni Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) tienen o han podido encontrar los expedientes de su personal, un requerimiento que hace más de un año les formuló por escrito la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico en su plan para poner orden en las plantillas del sector público instrumental de la Generalitat.

Cacsa, que cuenta con más de doscientos trabajadores, y FGV, con más de 1.400, han contestado a Hacienda que los datos solicitados sobre sus trabajadores y trabajadoras no están disponibles, una información fundamental para que el nuevo Consell pueda contrastar datos sobre la procedencia de un personal heredado y que en su mayoría entró sin proceso selectivo.

Cacsa, según ha sabido este diario, se escuda en la inundación que en 2007, es decir hace más de diez años, se produjo en el Palau de las Arts para justificar que no puede aportar los datos sobre los contratos del personal porque los expedientes se echaron a perder. Por su parte, FGV aduce que los papeles se han traspapelado o están por clasificar como consecuencia de los diferentes traslados de la entidad en los años de gobierno del PP.

La información es ahora fundamental para la conselleria de Hacienda, que al amparo de la ley de presupuestos del Estado de 2017, tiene en sus manos convocar una oferta de empleo público amplia que permita consolidar el empleo de estos trabajadores y trabajadoras, la mayoría de ellos temporales.

Para ello, sin embargo, debe justificar que se trata de contratos temporales realizados antes de diciembre de 2013. Tal como informó este diario la semana pasada, en principio los responsables del área del sector público se habían limitado a poner encima de la mesa la oferta de empleo para nuevos contratos, es decir, las de turno libre y que está sujeta a la tasa de reposición. Según los cálculos oficiales sólo podían ofertarse unas 200 plazas.

Los sindicatos se levantaron de la mesa al entender que se estaba perdiendo la oportunidad de consolidar el empleo y regularizar la situación de las plantillas, que en un proceso ventajoso tendrían la opción de consolidar su puesto, aunque con pruebas previas de oposición. Y es ahora cuando desde la secretaría autonómica del Sector Público se ha pedido ayuda a los sindicatos para esta posible regularización.

Y es que la conselleria se ve desbordada y pide a estos agentes sociales que ayuden para revisar toda la documentación que tienen sobre el personal, de tal manera que puedan hacer una radiografía ajustada a la realidad y preparar una oferta. La respuesta de Ferrocarrils y Cacsa complica esta tarea ya que ambas empresas juntas suman prácticamente una cuarta parte de toda la plantilla del sector.

Fuentes de la conselleria de Hacienda consultadas, no obstante, quitan importancia a la pérdida de la documentación ya que, recuerdan, se puede acudir a otras fuentes, como la Seguridad Social para conseguir la información sobre el personal de estos entes.

Cabe recordar que, tal como en su día se hizo eco este diario, Hacienda solicitó a sus empresas que rastrearan la vida laboral de sus empleados para contrastar los datos que obraban en su poder y poder desembrozar la madeja de las plantillas.

Con todo, resulta obvio que transcurrida más de la mitad de la legislatura, el sector público sigue siendo una de las asignaturas pendientes del Botànic. Siguen pendientes de publicar varias relaciones de puestos de trabajo (documento clave para hacer las ofertas) y la nueva ley para regular el sector duerme el sueño de los justos.

La falta de una información fidedigna a estas alturas obligará a apurar los plazos fijados en los presupuestos del Estado. En todo caso no será antes de acabar el año y el proceso de consolidación deberá esperar a febrero, plazo máximo para no perder la opción de convocar la oferta de 2017.

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