El secretario de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Vicente Gil, explicaba ayer a Levante-EMV que no han recibido «ninguna instrucción al respecto» de cómo actuar ante el cobro de las plusvalías en curso o ante su devolución si se plantean reclamaciones. Por el momento, «hay contactos entre la FEMP y el Gobierno de España para tratar de articular mecanismos que favorezcan a los ciudadanos afectados». Mientras tanto, cada ayuntamiento está actuando según su buen criterio. Los gestores públicos y políticos «nos tenemos que poner en manos de los secretarios e interventores para que nos ayuden a actuar ante esta situación de vacío legal que el Gobierno de España sigue sin resolver», comentaba Vicente Gil.
Se estima que en toda España se habrían cobrado unos 2.500 millones de euros en plusvalías ilegales y que cada afectado habría pagado una media de entre 4.500 y 5.000 euros, según la OCU.
