La sección segunda de la Audiencia de València ha condenado a cinco años de cárcel por apropiación indebida al constructor Daniel Calzada Camacho, también imputado en el Caso Emarsa, cuyo juicio se encuentra ya en la recta final.
El empresario se apropió indebidamente de 70.030 euros que le entregaron quince personas como adelanto para adquirir una vivienda en Riba-roja que nunca se llegó a construir, según los hechos probados recogidos en la sentencia de la sección segunda de la Audiencia de València, que puede ser recurrida ante el Supremo.
Los hechos se produjeron entre 2006, cuando cobró al primer perjudicado 14.000 euros, y 2009 cuando la última afectada le hizo entrega de un anticipo de 4.000 euros. El empresario debería haber destinado los 70.000 euros cobrados por adelantado para construir las viviendas con garaje ubicadas en la unidad de ejecución Casco 13, ubicada en la calle Mayor esquina con la calle Cuenca.
La empresa del empresario condenado, Llar Calzada SL, era el agente urbanizador de la unidad de ejecución «Casco 13» (desde el 3 de julio de 2006) y, al mismo tiempo, promotor-constructor de las viviendas, garajes y plazas de trastero que integrarían el conjunto residencial «Los Jardines», para el que llegó a tramitar la licencia de obra.
En su defensa, el constructor alegó que «se inició la obra, se efectuó la acometida eléctrica y de agua pero al final no le concedieron el préstamo a la construcción» para ejecutar las obras. Según consta en la sentencia, «hasta 2013 tuvo la esperanza de realizar la construcción» aunque al demorarse «devolvió dinero mientras hubo» a otros afectados.
Los magistrados consideran probado que Daniel Calzada no destinó el dinero recaudado por los compradores a la construcción de las viviendas, sino a «gastos de explotación de la mercantil» Llar Calzada SL, no directamente vinculados con la construcción de las viviendas a las que se había comprometido.
Por el contrario, la sala rechaza que estos hechos constituyeran un delito de estafa porque «el acusado evidencia que sí fue su inicial intención la de acometer la construcción de las viviendas ofertadas, y así lo pone de manifiesto la constante actividad administrativa del acusado para obtener los preceptivos permisos».
En el Caso Emarsa, Daniel Calzada se enfrenta a siete años de prisión, según solicita la Fiscalía de València, por los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil. Si llega a ser condenado, la Fiscalía también solicita que indemnice a la Epsar y la Emshi, de forma conjunta y solidaria con Enrique Crespo, Esteban Cuesta y Enrique Arnal, con 794.346, 03 euros.
Calzada contrataba con Emarsa a través de cuatro empresas la ejecución de obras sin ningún tipo de concurso público y con facturas amañadas, según la Fiscalía de València.
