La ley de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado deja claro que sólo las policías estatales -Policía Nacional y Guardia Civil- y las autonómicas con la seguridad plenamente transferida -Ertzaintza y Mossos d'Esquadra- tienen competencias de control de orden público -antidisturbios-. Es más, desde CSIF denuncian que el único protocolo en esa materia por el que se guían los funcionarios de Picassent, por ejemplo, es el que les aporta una somera formación anual en la que únicamente se reservan 20 plazas para una plantilla de 800 trabajadores.