«Comparezco como conseller de Educación, pero también como docente y como alguien apasionado de la educación y que ha dedicado algunos años de su vida a investigar sobre educación», con estas palabras abrió ayer en Madrid el conseller Vicent Marzà su comparecencia ante la Ponencia de Estudio sobre el Pacto de la Educación.

Marzà incidió en su intervención en que la educación «es una de las principales herramientas que tenemos en nuestras manos para corregir las desigualdades de origen». Por ello centro la mayor parte de su discurso en la igualdad de oportunidades. «Los colegios no deben reproducir las diferencias sociales, todo lo contrario, deben ayudar a corregirlas», sentenció.

Marzà citó diversos informes que indican que el 15 % del alumnado del Estado tiene un rendimiento académico bajo. «Este dato -añadió el conseller- está directamente relacionado con el índice sociocultural y económico de las familias». Es decir, «en la mayoría de casos esos chicos y chicas son alumnos cuyas familias tienen un nivel sociocultural y económico bajo», aclaró.

«No podemos permitir un pacto educativo que deje al margen a estos alumnos, la Administración tiene la obligación de tenerlos en cuenta, de proporcionarles las herramientas necesarias para que no queden fuera del sistema», insistió.

En este sentido, Marzà recalcó que el primer ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años) «es una etapa fundamental para compensar las desigualdades de origen, que tiene efectos muy positivos en todos los niños y niñas para sus aprendizajes futuros, como indican todos los informes internacionales».

Universalización de la Educación Infantil

«Que matricular a tu hijo o a tu hija en esta etapa educativa acabe siendo más caro que cursar un máster universitario, no tiene ningún sentido», lamentó el conseller. Para dar la vuelta a esta situación Marzà propone «hacer una apuesta fuerte por parte de Administración central, de las comunidades autónomas y de la Administración local, para que la universalización de la oferta pública de 0 a 3 años se convierta en una realidad». Especialmente, matizó, en el último curso de este primer ciclo de Educación Infantil, en los 2-3 años.

Un ejemplo de esta apuesta del Consell del Botànic es el plan de adelanto de la escolarización a los dos años en los colegios públicos que tras dos cursos suma ya 97 aulas experimentales. A ello hay que añadir que la conselleria ha anunciado que el próximo curso 2018-19 «todas las aulas de dos años de las escoletes municipales serán gratuitas». Son un total de 248 Centros de Educación Infantil (CEI) municipales los que ofrecen enseñanza de dos a tres años.

Marzà también se mostró contario a que haya estudiantes que se queden fuera del sistema universitario por razones económicas. «La ley debe velar por unas tasas que no expulsen al alumnado de las enseñanzas superiores», exigió.

Por todo ello, el conseller llamó a los senadores a trabajar por un pacto de Estado que «evite todos los peajes en la educación pública ya sea universitaria u obligatoria». «Por este motivo es necesario que el material curricular no tenga coste económico para las familias», añadió en referencia a los libros de texto.

Aquí aludió a XarxaLlibres, el según sus palabras «exitoso programa para compartir el material escolar» que la conselleria puso en marcha hace dos cursos. «Esta iniciativa ha permitido que en el curso 2017-18, 377.000 alumnos (el 75 % del alumnado de Primaria y de ESO) participe en los bancos de libros y sus familias no tengan que pagar un peaje cada curso», dijo.

Regular los deberes

En su propuesta para garantizar la no discriminación, Marzà también urge a realizar «una apuesta económica para las becas comedor y la regulación de los deberes». «El fracaso escolar está muy ligado a los deberes y a las extraescolares. Los alumnos que no tienen ayuda para los deberes o que no tienen acceso a extraescolares son los que más habitualmente fracasan y son expulsados del sistema», lamenta.

«No podremos avanzar hacia una educación de calidad con equidad, si no se incorpora como elemento esencial del Pacto de Estado Social, Político y Territorial por la Educación el compromiso de avanzar hasta una inversión en educación y formación del 6 % del Producto Interior Bruto (PIB) en los próximos años», concluye.