La Associació de Directors i Directores d'Instituts d'Educació Secundària (Adies-PV) se rebeló ayer contra el cuestionario de 100 preguntas de autoevaluación de la gestión económica de los centros docentes que el jefe de la Inspección General de Educación, José Blasco, les acaba de remitir con la orden de contestarlo antes del 8 de enero.

Adies-PV, en la asamblea anual ordinaria que celebró ayer en València, acordó solicitar a la Inspección un mes de prórroga para así poder presentar alegaciones a las preguntas planteadas. «No tiene mucho sentido solicitar ahora ese tipo de información cuando todos los IES están al día en el pago de las facturas y en la justificación de las mismas», subraya el presidente de Adies-PV, Toni González-Picornell.

Deberes para casa

Adies-PV, que agrupa a la mitad de centros públicos de Secundaria de la Comunitat Valenciana, subraya que la orden de la Inspección llega en «mala época». Los equipos directivos deben presentar a la conselleria antes de las vacaciones de Navidad (las clases acaban el viernes 22) el proyecto de Biblioteca, así como el Plan de Actuación para la Mejora (PAM) y el Plan Anual de Formación (PAF) para el próximo curso. A esto se suma que antes de este viernes deben justificar a Educación los gastos del PAM del curso pasado. Esta acumulación de tareas obliga, según Adies-PV, a que los directores se tengan que llevar el cuestionario a casa como deberes navideños.

Por otro lado, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) critica que el cuestionario «constituye, en la práctica, una auditoría». «Educación la califica de 'autoevaluación', pero sin embargo advierte de que 'servirá de base para una revisión por parte de Inspección Educativa y de control financiero de la Conselleria de Hacienda'», destaca el sindicato.

La CSIF lamenta el constante aumento de la carga laboral y de la presión a los centros por parte de Educación. También pide que el cuestionario se envíe en las dos lenguas oficiales, y no solo en valenciano.