El abogado del exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta, Carlos Serrano, calificó de «orgía punitiva y aquelarre» los «pactos diabólicos» alcanzados entre la mitad de los 25 imputados de la causa y la Fiscalía. La defensa del también exalcalde pedáneo de Benimàmet no pidió la absolución de su defendido, como suele ser habitual en estos casos, pero sí reivindicó una condena «justa y benevolente» que aplique las atenuantes de confesión, dilaciones indebidas y reparación del daño, además de permitirle trabajar de ATS en la cárcel. Argumentos encaminados a reducir la petición de 24 años de cárcel que solicita la Fiscalía para el enfermero que dirigió desde 2004 hasta 2010 la depuradora de Pinedo.

El abogado de Cuesta admitió el saqueo en la depuradora aunque, justificó, «la estructura para saquear no fue creada por Cuesta. Él simplemente asumió el mandato de su partido de dirigir una empresa que estaba siendo saqueada desde años antes, porque estaba podrida. Olía mal desde el primero hasta el último y respondía a una estructura política que representaba a todos los partidos que han transitado por las Corts». Un saqueo en el que Cuesta asegura que era «el tonto útil» a las órdenes de Enrique Crespo (presidente de Emarsa y exalcalde de Manises) y de Enrique Arnal (director financiero de Emarsa y exconcejal de Unión Valenciana en Moncada). Al exgerente de la Epsar, José Juan Morenilla, volvió a exculparlo de toda responsabilidad en las irregularidades investigadas en Emarsa.

El letrado lamentó que las« trece confesiones» realizadas ante el juez de instrucción y la Fiscalía por Cuesta «no hayan servido para nada» y se haya realizado «una petición de pena desproporcionada (24 años solicita para él el Ministerio Público) porque Cuesta no ha dicho lo que las acusaciones quieren».

También criticó el letrado que no se hayan investigado en la causa las «mordidas en reformas, la financiación irregular del PP y el contrato con Aguas de València que ya intentó absorber Emarsa en los años 90», denunciadas por Cuesta. Así como su confesión de que «dio dinero al "subgerente" Chanín y a Silvestre Senent (concejal de València)». Carlos Serrano tampoco dejó escapar la ocasión de criticar la «desigualdad de armas». «Yo he tenido un boli, un papel, mi inteligencia y cero euros para preparar esta defensa».

Durante la penúltima jornada del juicio de Emarsa (que finaliza hoy) también expuso sus conclusiones el abogado de Juan Antonio Roca Samper, el empresario fugado a Moldavia considerado el «cerebro de la trama», quien defendió que el único delito que se le puede achacar es «el delito fiscal, porque Roca era un facturero que se quedaba con el IVA». El letrado Serafín Pons también defendió que Roca desconocía el origen de los fondos públicos de Emarsa «que bien podía ser una sociedad anónima denominada Enrique y María».