Cinco de los veinticuatro acusados del caso Emarsa han pedido perdón y han mostrado su arrepentimiento por su participación en el saqueo de la depuradora de Pinedo, durante el último turno de palabra que se permite a los acusados. Siete meses después del inicio de las sesiones y tras siete años de instrucción el juicio ha quedado visto para sentencia.

Entre los parlamentos ante el tribunal de la sección primera de la Audiencia de València, que se han prolongado durante una hora, ha habido lágrimas, emoción y peticiones de clemencia. El primero en intervenir ha sido el exgerente de la Epsar, José Juan Morenilla, quien ha proclamado su inocencia. «No soy ladrón de cuello blanco, ni de ningún tipo» y ha defendido que «nunca habría consentido» las irregularidades en la depuradora de Pinedo de haberlas conocido.

El exgerente de la depuradora, Esteban Cuesta, ha explicado al tribunal que «no ha pasado un día que no haya arrepentido de la decisión más mala de mi vida y pido perdón al pueblo valenciano y a todos los he que he fallado. Me arrepiento y asumo lo que he hecho, pero no lo que otros me quieren adjudicar».

El exdirector financiero de la depuradora, Enrique Arnal, ha pedido «perdón y benevolencia al tribunal por mi conducta, perdón a las víctimas y a mi hermano y mi mujer, ambos inculpados aquí por mi culpa».

Su mujer, Eva María Marsà, ha explicado entre sollozos que «ha sufrido mucho por todo esto» y «aunque no recuperaré nada de lo que he perdido, la pena que obtenga no me va a aportar nada y sólo espero recuperar mi vida», ha explicado visiblemente emocionada.

Adolfo Polo, técnico de Emarsa, ha admitido el error de participar en una de las empresas que participó en la trama de los lodos y ha recalcado que no se ha beneficiado económicamente y que su única propiedad es un coche con 15.000 kilómetros, aunque ha pedido perdón al tribunal «y aceptaré la pena que me impongan», ha asegurado.

Sebastián García Martínez «Chanín», el informático de Emarsa mostró su «profundo arrepentimiento. Pido perdón al tribunal y si he perjudicado a personas e instituciones».

Daniel Calzada, el constructor condenado a 5 años por apropiación indebidad, ha pedido al tribunal que «miren las pruebas y todo lo que se ha presentado, por favor, porque esto es para ustedes es su trabajo, pero para mí es mi vida».

El empresario Jorge Ignacio Roca Samper también asegura estar «arrepentido» aunque ha destacado que es el único que lleva «dos años sin libertad, que es lo más grave». Roca Samper, que ha admitido su participación en el saqueo de la depuradora, lamenta que en el juicio «nadie se ha hecho responsable de nada» y afirma haber sido «engañado por Joan Borràs y por el señor Sena, que no me dijeron que el dinero por el que yo facturaba era público». El empresario asevera que espera «una sentencia justa y rápida» por su condición de preso y ha solicitado su traslado urgente a Zaragoza para poder estar junto a su familia y sus tres hijos pequeños.

Por último, el empresario Vicente Ros se ha desvinculado en su intervención de dos de las empresas que participaron en la trama de los lodos, de las que «nunca he sido apoderado ni he llevado la rienda de las empresas». Asimismo, ha defendido la inversión de sus empresas en el tratamiento de lodos y secado solar «para la que logramos inversión de entidades financieras gracias a una addenda del conseller de Medio Ambiente en aquellos momentos», por lo que «no había motivos para dudar».