Veintiuna autoescuelas valencianas (ocho en València, seis en Alicante y tres en Castelló) han colgado, en los últimos seis meses, el cartel de cerrado como consecuencia de los paros convocados por los examinadores de tráfico el 19 de junio pasado.
Una huelga que fue desconvocada ayer tras la promesa de todos los grupos políticos, a excepción del PP, de incluir en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 el complemento específico salarial que el sector lleva exigiendo desde 2015 por la «elevada complejidad técnica y la peligrosidad» de su trabajo.
Así, los grupos de la oposición del Gobierno se reunieron ayer para firmar la proposición que pondría fin a las 65 jornadas de paros que han dificultado la obtención del permiso de conducir a miles de aspirantes a conductor.
PSOE, Ciudadanos, Podemos, PNV, ERC y PDeCAT acordaron una propuesta conjunta para incluir en los PGE de 2018 una partida de tres millones de euros destinada al complemento específico que demandan los examinadores tras recalcar que «han tenido que ser los grupos de la oposición los que mediaran en esta irracionalidad que ya ha costado más de lo que los examinadores solicitaron en un principio».
Este complemento específico, que conlleva un aumento salarial de 250 euros mensuales por cabeza, supone un gasto de casi tres millones de euros en el presupuesto general, frente a los más de ocho millones y medio de euros (8.505.000) de pérdidas que la huelga ha supuesto para el bolsillo de las autoescuelas.
Un pacto in extremis
Asimismo, los paros de lunes a miércoles durante más de 20 semanas consecutivas (a excepción de agosto) provocaron que más de 25.000 pruebas fueran suspendidas y aplazadas, generando una media de dos meses de espera. De esta forma, los alumnos se vieron obligados a contratar nuevas prácticas para asegurar el aprobado, lo que ha supuesto que cada alumno haya invertido 280 euros más de media en sacarse el carnet, según Juan Carlos Muñoz, presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas (AVAE).
En cuanto a los examinadores, los paros les han supuesto la pérdida de 65 euros diarios, esto es, 4.000 euros por cabeza, según Joaquín Murillo, presidente de la Asociación de Examinadores de Tráfico (Aextra). Unas cifras que suponen el sueldo de tres meses en un sector donde se rozan los 1.300 euros mensuales.
Por su parte, el pacto que permite el fin de una huelga que comenzó el 19 de junio, parece llegar en el momento justo. Tráfico había amenazado el 14 de noviembre con poner en marcha a principios de este mes de diciembre unos servicios mínimos del 50 % si persistían en los paros.
«Hemos vivido una huelga con mucha incoherencia por parte del Gobierno. No era una huelga indefinida, no tenía sentido que se aprobasen servicios mínimos», explica Murillo.
«Cumplimiento total»
Asimismo, el presidente de AVAE denuncia que el problema de los exámenes en la Comunitat Valenciana continúa sin estar resuelto. Y es que el propio ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, reconoció a principios de año que hacían falta 176 examinadores. Así, aunque cese la huelga, los profesionales del sector aseguran que seguirán en lucha hasta que todas sus peticiones se cumplan.
