«El incumplimiento de la obligación de rendir cuentas impedirá el cobro de las subvenciones públicas de la Generalitat». El nuevo decreto de entidades deportivas que está listo para publicarse en el DOGV es taxativo.
El escándalo desatado el pasado mes de julio a raíz de la detención de Ángel María Villar después de ocupar la presidencia de la Federación Española de Fútbol durante 29 años es palpable en la redacción de la norma que la dirección general de Deportes de la Conselleria de Cultura y Educación sacó a exposición pública en esas fechas.
Villar y su hijo Gorka salieron de la cárcel de Soto del Real en agosto cuando depositaron una fianza de 300.000 euros cada uno. Ambos son investigados por, supuestamente, haber organizado un entramado de sociedades que habría desviado millones de euros en gastos de viaje. Vicente Múñoz, presidente de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana desde 1986 y entoces vicepresidente de la FEF, también es investigado en la misma causa.
El preámbulo del nuevo decreto cita expresamente la necesidad de adecuar las normas que rigen las entidades de carácter privado tuteladas por la Generalitat. «Se pretende que las federaciones deportivas desarrollen sus funciones con respeto a los principios y valores establecidos en la Constitución, el Estatuto aplicando valores democráticos y los principios del estado de derecho», reza el texto de la norma. «El objetivo es incorporar a nuestra sociedad unas entidades deportivas más democráticas e igualitarias, que sirvan de transmisor de valores a través del deporte y aseguren que su promoción se realice respetando los principios de igualdad de oportunidades, igualdad de género e inclusividad».
«Clara y entendible»
Las cuentas se deben presentar en plazo ante el Registro de Entidades Deportivas. Además, deben ajustarse a las normas de Transparencia. «Todas las federaciones están obligadas a publicar en su página web de forma clara y entendible para las personas interesadas todos los contratos y convenios suscritos con indicación del objeto, duración e importe; las subvenciones públicas recibidas; los presupuestos anuales; las cuentas que deben rendirse y los informes de auditoria; y las retribuciones percibidas anualmente por los miembros de los órganos de gobierno». Cualquier ciudadano podrá acceder a la misma información que la propia administración autonómica.
Si la Generalitat detectara un notorio incumplimiento de las funciones encomendadas a las federaciones, el decreto establece las formas de intervención administrativa, que van desde «inspeccionar los libros o registros oficiales» hasta «convocar elecciones a los órganos administrativos nombrando, en su caso, una comisión gestora», pasando por «suspender de forma cautelar a los integrantes de los órganos de gobierno».
