Podemos ha incluido en el proyecto de ley de los Presupuestos de la Generalitat para 2018 a través de una enmienda que ha sido aprobada en la comisión de Economía de Les Corts Valencianes un aumento de 25 millones de euros para la partida destinada a la adquisición de vivienda social, que estaba cuantificada originariamente en 50 millones de euros y que fue incorporada a las cuentas de la Generalitat por iniciativa de Podem en las negociaciones previas a la presentación del anteproyecto de ley.

De este modo y tras la aprobación de esta enmienda, se destinarán un total de 75 millones de euros en tres años para vivienda social: en 2018 se inyectarán 15 millones, 30 millones en 2019 e igual cantidad en 2020.

El diputado de Podem, Antonio Montiel, se ha mostrado «orgulloso de que, por primera vez y a iniciativa de Podem, se incorpore al presupuesto de la Generalitat una dotación para compra de viviendas a particulares con destino a vivienda de alquiler público».

Además, en la enmienda, en cuya votación se ha abstenido el grupo popular, se ha incluido un desglose de las Áreas de Regeneración y Renovación Urbana (ARRUs) para garantizar actuaciones en barrios como el de Miguel Hernández y el del Carmen en Alicante, San Lorenzo en Castellón, Barbacana Plaza Les Xiques de Alcoi, Los Palmerales de Elx, la Coma de Paterna y Bajo Vías de Sagunt.

Montiel, ha advertido que este grupo se mantendrá vigilante para que la compra de vivienda a particulares para destinarlo a alquiler social se desarrolle en plazos razonables y ha señalado que espera que en seis meses ya puedan ofertarse.

Esta medida se suma a la incorporada también como enmienda de Podem al proyecto de ley de acompañamiento para ampliar la deducción por los gastos de arrendamiento de la vivienda habitual a unas 50.000 familias, frente a las 20.000 actuales que disfrutan de ella.

También es complementaria de otras iniciativas de Podem, como la partida destinada a financiar los gastos de cambiar el destino a alquiler social a casi trescientas cincuenta viviendas destinadas a venta por el antiguo IVVSA, hoy (EIGE), que actualmente se encuentran desocupadas.

Montiel, ha explicado que esta medida redunda en la línea de consolidar la oferta de alquiler público porque «no habrá cambio de modelo productivo sin desactivar los fundamentos de un sistema que ha apostado durante décadas por la especulación del suelo y la vivienda en régimen de propiedad».

Montiel ha indicado que la crisis económica en la Comunitat Valenciana «adquiere un tinte peculiar derivado de la burbuja inmobiliaria». A su juicio, hay que desactivar el modelo que se fundamenta en la propiedad de la vivienda y ha criticado que España se ha alejado del modelo de Europa en este sentido.

Fomentar el alquiler, ha abundado, «es necesario para favorecer la emancipación de los jóvenes y para evitar que las familias sigan atrapadas en la jaula de las hipotecas».

En opinión de Montiel, el mercado del alquiler «es raquítico y se está produciendo una nueva burbuja, esta vez, en los precios del alquiler» tanto por el aumento de los precios como en cuanto a desahucios, que se registran actualmente en un 60 por ciento en esta modalidad de vivienda en la Comunitat Valenciana.

El diputado considera que para paliar esta situación «hay que modificar la ley de arrendamientos urbanos y crear una oferta pública de alquiler suficiente y digna para abaratar los precios e impedir que se produzca una nueva burbuja especulativa».