«El personal investigador funcionario de carrera al servicio de los Organismos Públicos

de la Administración General del Estado tendrá derecho a la carrera profesional». La especificidad que la ley de ciencia atribuye a los investigadores que son funcionarios sorprende cuando se compara con las tribulaciones de investigadores del más alto nivel con contratos de obra, fórmula habitual en todo el mundo