El PP de la ciudad de Valencia hizo trampas en la campaña electoral de 2007 y también en la de 2011, según concluyen los agentes del grupo de delitos contra la administración de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Misma operativa y mismos protagonistas, aunque a través de empresas distintas: Laterne Product Council en 2007 y Trasgos Comunicación en 2011. En 2015, curiosamente tras la dimisión de Alfonso Grau como vicealcalde por el Caso Nóos, no se contrató a ninguna empresa y, presuntamente, se recurrió al pitufeo para aflorar el dinero en «B» que, supuestamente, atesoraba el partido, según el relato armado por la Guardia Civil.

Los agentes de la UCO concluyen en su último informe que durante las tres últimas campañas electorales «el Partido Popular de la ciudad de València habría instrumentalizado al grupo municipal popular para sortear la fiscalización debida y poder así superar el techo de gasto establecido, haciendo que terceros asumiesen gastos electorales propios del partido».

Los dos fieles escuderos de la exalcaldesa Rita Barberá son los que identifica la Guardia Civil como los presuntos organizadores de todo el tinglado en 2007 y 2011: Alfonso Grau, «recaudador de fondos, gestor de campañas» y presunto centinela de la caja «B» del Partido Popular en València; y Mari Carmen García-Fuster, secretaria del grupo municipal, alter ego de la exalcaldesa y «administradora de la contabilidad del grupo municipal», según recoge el último informe de la UCO incorporado al Caso Taula.

Como sucedió en 2007, el exvicealcalde y responsable de las campañas electorales, Alfonso Grau, fue el encargado de contratar a la empresa Trasgos Comunicación para que se encargara de la campaña electoral de 2011. La empresa dirigida por Antonio Puig presentó un presupuesto de 400.000 euros, pero fue rechazado y se rebajó finalmente a 170.000 euros.

La Guardia Civil ha calculado, sin embargo, que Trasgos Comunicación encargó y subcontrató trabajos para los comicios de 2011 «por un valor de, al menos, 277.129,29 euros», aunque podría ser una cantidad mayor. En 2007 el contrato para la campaña electoral con Laterne Product Council fue de 150.000 euros, sin embargo esta última empresa (ya desaparecida en 2011) gastó 2,5 millones en los actos electorales del PP de hace una década.

¿Quién pagaba todas estas facturas al margen de los controles legales electorales? Los agentes del grupo de delitos contra la administración vuelven a encontrarse con empresas contratistas del Ayuntamiento de València que encargaban trabajos -que se sospechan ficticios- a Laterne y Trasgos. La UCO tiene «indicios» de que «parte de los trabajos [para las campañas del PP] por Laterne y Trasgos habrían sido satisfechos por diferentes empresas privadas con intereses en la administración o incluso por organismos de la propia administración, lo que supondría una nueva coincidencia» entre las campañas de 2007 y 2011.

Entre las empresas que «repiten» encargos a Trasgos (al igual que a Laterne) y que la Guardia Civil considera «aportantes» a la campaña de 2011 aparecen: Agricultores de la Vega Valenciana SA, Fomento de Construcciones y Contratas SA, Grupo Secopsa SL, Ocide Construcción SA y Grupo Bertolín SAU. Los agentes de la UCO también sospechan de los contratos de Trasgos y sus empresas satélite suscritos con Feria València, el Ayuntamiento de València, la Fundación Deportiva Municipal o la Fundación de la Policía Local de València, que también podrían haber financiado la campaña electoral del PP en 2011.

El informe policial complica el futuro judicial de Grau y García-Fuster, al confirmar la continuidad del delito electoral entre 2007 y 2011.