Los casos de corrupción que han marcado la historia reciente de la Generalitat no sólo han dejado huella en el imaginario colectivo y en los discursos de la izquierda. Los asuntos turbios y sus protagonistas siguen en los tribunales y en el debate político, si bien con una intensidad menor que al inicio de la legislatura. Ahora bien, como bandera y eje del Botànic, la lucha contra la corrupción y la opacidad se ha concretado en una superestructura de organismos, departamentos y oficinas, cuya efectividad sólo el tiempo podrá demostrar, pero que, de momento, consume esfuerzos y recursos.
Por lo pronto, esta suerte de Gran Hermano contra los asuntos turbios tiene un coste anual de más de 55 millones de euros y un ejército (funcionarios, muchos especializados) de más de 450 personas. Buena parte de este aparato de fiscalización (tanto interno como externo) le vino heredado al Gobierno del cambio, pero el tripartito no sólo lo ha ampliado con oficinas y organismos de nuevo cuño, sino que además ha reforzado (o tiene en proyecto hacerlo) varios de los ya existentes.
El punto de inflexión tras las elecciones de 2015 fue la creación de un departamento específico (la Conselleria de Transparencia) dentro del Gobierno valenciano cuya razón de ser es, precisamente, implantar el buen gobierno en la Comunitat Valenciana en su sentido más amplio. Una conselleria específica, con todo lo que ello implica (altos cargos, asesores, sede, más de 200 funcionarios, etc.) «innecesaria» para la oposición. Al margen de estas críticas (también cargos del PSPV e incluso de Compromís cuestionan que para luchar contra la opacidad fuera necesario tal nivel administrativo), el departamento que dirige Manuel Alcaraz ha desplegado una intensa actividad para reforzar y crear nuevas herramientas de control.
La inspección general de servicios (con una plantilla de nueve funcionarios y que aspira a ampliarse a 17) se verá potenciada por una nueva ley, ya en trámite, que busca dotar de mayor autoridad a estos funcionarios.
Además, será el punto de partida para la implantación del sistema de alertas contra la corrupción, una herramienta informática para detectar en un nivel temprano posibles irregularidades en aspectos relacionados con la gestión del día a día, como la contratación de personal, adjudicaciones, etc.
Transparencia ha tenido también que hacer hueco en su organigrama a la Oficina de Conflictos de Intereses, consecuencia de la ley contra las puertas giratorias impulsada desde las Corts.
Una oficina que debe velar por la pureza en el ejercicio del cargo de los máximos responsables de la Generalitat y para la que necesita recursos humanos y materiales. La propia conselleria estima que al menos costará 300.000 euros más y una serie de aplicaciones informáticas difíciles de implantar en un momento en que las necesidades financieras y la escasez de plantilla son el pan de cada día en la Administración autonómica.
También de nuevo cuño es el Consell de Transparència, un órgano independiente a la propia conselleria a quien le corresponde resolver las quejas de la ciudadanía en sus problemas de acceso a la información pública. Este organismo nace de la Ley de Transparencia aprobada bajo el mandato popular, pero ejecutada ya con el nuevo Gobierno. Cuenta con cinco consejeros que se quejan constantamente de la carencia de medios para hacer su trabajo.
El icono de Antifraude
Junto con la propia conselleria de Alcaraz, la Agencia Antifraude se ha convertido en el icono de la nueva era. Se trata de un organismo independiente con entidad propia que nace con el objetivo específico de prevenir y erradicar la corrupción, y cuya puesta en marcha no ha estado exenta de dificultades. Es la prueba de lo que cuesta mover la palanca de los procesos administrativos. Creada desde antes del verano, sigue pendiente de ubicación y de completar su plantilla. Fue una de las imposiciones de Podemos, que generó también tensiones dentro del Gobierno ya que había discrepancias internas y dudas sobre la oportunidad de crear un nuevo organismo.
El problema de solapar competencias, es decir, de muchos ojos mirando al mismo sitio, es quizás uno de los riesgos de la obsesión del nuevo Ejecutivo por evitar que la mancha de la corrupción (que acabó con el poder del PP) se instale también en nueva Generalitat.
La duda es si la mera existencia de órganos de control (internos u externos) es suficiente, habida cuenta de que buena parte de la estructura de control y supervisión actual ya existía con anterioridad y fue ciega o muda a prácticas irregulares.
Durante esta nueva etapa, el Consell ha reforzado algunas instituciones de autogobierno, como es el caso de la Sindicatura de Comptes, que a partir de ahora tendrá capacidad de sanción a los ayuntamientos. También está en proyecto la potenciación de la Sindicatura de Greuges, con el fin de blindar sus competencias a la hora de investigar la actividad de las conselleries.
