La Guardia Civil ha sancionado al 70 % de los autobuses de transporte escolar que ha inspeccionado en la última campaña desarrollada para controlar la seguridad de los vehículos. La agrupación de Tráfico inspeccionó 138 vehículos en la provincia de València entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre. De ellos, 95 fueron denunciados, prácticamente tres de cada cuatro.

Las inspecciones han sido de carácter administrativo y la mayoría de las sanciones derivan de problemas relacionados con carencias de la documentación necesaria, de la autorización especial para el transporte escolar, del seguro de responsabilidad civil ilimitada o de la señalización que deben incorporar los autobuses para ser identificados.

Los agentes han verificado las condiciones técnicas y si los elementos de seguridad de los autobuses son los que exige la normativa, además de los requisitos especiales que debe cumplir el propio conductor, como el permiso de conducción y los tiempos de conducción y descanso.

Según ha informado Delegación de Gobierno en un comunicado, en esta campaña no se ha registrado ningún caso de positivo de alcohol o drogas entre los conductores. Sí ha habido dos chóferes que han sido denunciados por superar el tiempo de conducción establecido.

La campaña también ha realizado controles de velocidad, ha incrementado los controles de alcohol y drogas entre los conductores y ha vigilado que no utilicen dispositivos como el móvil que suponen una distracción. También se ha comprobado si los escolares usan el cinturón de seguridad.

Las inspecciones se han extendido a toda la Comunitat Valenciana. En la provincia de Castelló fueron inspeccionados 20 autobuses escolares y cuatro de ellos fueron sancionados, un 20%. En Alicante, fueron controlados 171 autobuses y 47, denunciados, algo más del 27 %.

La llamativa proporción de vehículos sancionados en la provincia de Valencia provocó una severa reflexión de Marius Fullana, presidente de la Federació de Associacions de Pares y Mares de la provincia de València. "La dirección de los centros privados y concertados no se preocupa por controlar el transporte porque así resulta más económico, la educación no puede ser un negocio pero la enseñanza concertada solo busca el beneficio".

Joaquín Tarazaga, presidente de la Asociación de Transporte de Viajeros, la patronal mayoritaria entre las que representan a empresas que ofrecen servicios de transporte escolar, lamentó el alarmismo que provocan las inspecciones indiscriminadas de los agentes de Tráfico.

Tarazaga subraya que "la inmensa mayoría de las sanciones derivan de cuestiones puramente administrativas que son muy menores y no afectan para nada a la seguridad del transporte. Un ejemplo de manual es el caso de la autorización especial para el transporte escolar. Siempre se solicita a principios de curso, en septiembre, y tardan semanas sino meses en entregarla. Cuando te para la Guardia Civil te denuncian y cuando el boletín llega a su destino lo archivan directamente".

Tarazaga sugiere que, además, "en Tráfico acaban de empezar con la administración electrónica, no se aclaran del todo y el caos es tremendo".