La sentencia del Constitucional que tumba el decreto de universalización de la Sanidad en la Comunitat Valenciana amplía a cinco el número de normas declaradas inconstitucionales en los dos años y medio de gobiernos de izquierda.

A las tres aprobadas por las Corts en virtud del derecho civil de raíz foral (de régimen económico matrimonial, de custodia compartida y de uniones de hecho), una reivindicación valenciana que no tiene encaje en la actual Constitucional, se unen el decreto de Sanidad Universal y la ley de Designación de Senadores. Todas han sido anuladas por el Constitucional.

También están ya en este tribunal admitidas a trámite dos normas recurridas a instancias del Gobierno de España y que suponen un misil en la línea de flotación del Consell de Compromís y PSPV con el apoyo externo de Podemos por su carácter social.

Se trata de las de Pobreza Energética y Función Social de la Vivienda. La primera recogía mayor laxitud a la hora de aplicar cortes de suministro a colectivos más necesitados y la segunda facilitar el acceso a la vivienda, pero el Gobierno considera que se vulneran competencias del Estado.

Contando las que el Constitucional ya ha tumbado, el Gobierno de España ha puesto reparos desde que comenzó la legislatura a una treintena de normas del Consell o de las Corts Valencianes

En algunas, como la que ponía en marcha los nuevos medios de comunicación públicos se alcanzó acuerdo en la comisión bilateral, aunque otras, como el decreto ley del plurilingüismo, aún no están resueltas por los tribunales.

También el Gobierno puso problemas en estos meses a la norma valenciana sobre incompatibilidades de cargos electos o de la creación de la Agencia contra el Fraude, la de la Innovación o la de Respuesta a las Emergencias; la ley de Pesca Marítima y Acuicultura o sobre la prestación de servicios en el ámbito sanitario (distinta a la de Sanidad universal), aunque en estos caso con acuerdo.

También se han interpuesto contenciosos al decreto de Coordinación de Competencias en Turismo y Deportes de las diputaciones, que ha ganado la de Alicante gobernada por el PP y presidida por César Sánchez.

Asimismo fueron declarados nulos por el TSJ los decretos del Consell que aprobaban las bases para la concesión de subvenciones a personas con diversidad funcional, destinadas a compensar gastos relacionados con la protección de la salud. Pendiente de resolución está el recurso al decreto que regula los usos institucionales y administrativos de lenguas oficiales en la parte que afecta al valenciano.

También ha puesto la lupa el Gobierno en el proyecto de Cooperación y Desarrollo Sostenible y en la ley de Mancomunidades.