Integrar en el sistema de salud valenciano a todas las personas, independientemente de su situación administrativa, tuvo un coste "extra" para la sanidad valenciana de seis millones de euros, según el cálculo que la administración hizo a principios de 2016.
Así respondió a principios del año pasado la consellera de Sanidad, Carmen Montón, a una interpelación parlamentaria sobre el coste de poner en marcha el decreto ley 3/2015 que ahora ha quedado anulado por el Tribunal Constitucional.
Según la respuesta que se ofreció entonces, contando con que la norma podría llegar a beneficiar a cerca de 30.000 inmigrantes sin papeles su coste iba a rondar los 12,8 millones de euros aunque solo 6 suponían un gasto "extra" para el sistema ya que 6,8 millones ya se estaban gastando anualmente en atender a esas personas que el decreto estatal de Mariano Rajoy no saca del sistema: mujeres sin papeles embarazadas, menores de edad y personas sin derecho a atención sanitaria en situación de urgencia.
El decreto que ahora ha quedado anulado -y la instrucción interna de 21 de julio de 2015 a la que ahora se acoge Sanidad para prorrogar la sanidad universal- han permitido desde julio de 2015 que 23.663 personas hayan accedido al sistema de salud aunque no tengan reconocida la residencia. Solo tenían que demostrar que llevaban empadronados un mínimo de tres meses "excepto situaciones excepcionales".
Cifras por actualizar
Con todo, el cálculo sobre el coste anual de mantener esta atención sanitaria fue puesto ayer en duda por la consellera de Sanidad, Carmen Montón, que entendía que las cifras debían ser actualizadas teniendo en cuenta que el coste inicial de atender a personas sin papeles por vía urgente se "atenúa" conforma esas personas "están integradas en la sanidad y tienen el recurso de ser vistos por la Atención Primaria".
"Las urgencias siempre son más caras y ahora habría que hacer una comparativa sobre cuál es el impacto" económico tras integrar a esa bolsa de personas que, además "suelen tener una media de edad más baja y no suelen ser tan demandantes de servicios sanitarios", añadió.
Según cifras ofrecidas por Sanidad, el 56 % de las personas que habían accedido a la sanidad universal hasta este verano eran mujeres y la edad media estaba entre los 25 y los 40 años. Del total de tarjetas emitidas gracias al decreto y a la instrucción previa que ahora se mantiene en vigor, el 22 % habían regularizado su situación.
