La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, demostró ayer que no iba de farol en su exigencia de un nuevo reparto de las ayudas públicas entre las organizaciones empresariales y los sindicatos al registrar su propuesta para reformar la ley de representanción institucional. Una inciativa que, además de una suerte de autoenmienda (ella misma formó parte del Consell popular que la aprobó) supone una andanada contra la patronal y los sindicatos mayoritarios, principales beneficiarios de las subvenciones públicas.
Bonig compareció ante los periodistas para anunciar personalmente el registro de su propuesta de reforma. En concreto, pide eliminar la referencia en todo el texto la coletilla de «más representativos», de tal manera que entidades como la CEV o UGT y CC OO no tendrían subvenciones directas por ser las más representativas, si no que deberán competir con el resto en concurrencia pública y tras la presentación de una propuesta.
Bonig defendió que no se trataba de una «rabieta» por el apoyo de estos actores a la manifestación contra la infrafinanciación, sino una cuestión de «coherencia» que, subrayó, la falta el actual Ejecutivo.
Lo cierto es que la propuesta podría salir adelante ya que pone en un aprieto al bipartito. Sindicatos afines a Compromís como Intersindical saldrían beneficiados. Además, es difícil defender el rechazo un cambio que defiende la libre concurrencia. Podemos y Ciudadanos son proclives al sí y el PSPV se lo está pensando.
