La confirmación de la sentencia europea que impone una multa a España (que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha cobrado a la Comunitat Valenciana) por la manipulación de las estadísticas del déficit valenciano, abre ahora la puerta a la exigencia de responsabilidades.

El conseller de Hacienda, Vicent Soler, anunció ayer en las Corts que la intención del gobierno valenciano es denunciar a los responsables de aquel falseamiento que ha costado a los valencianos una sanción de 18,9 millones de euros y que la Abogacía va a estudiar con detalle la sentencia. Soler no quiso concretar a qué responsables políticos se dirigiría la reclamación de responsabilidades. El titular de Hacienda evitó dar nombres y remitió a lo que decida la Abogacía de la Generalitat. Pero el falseamiento del déficit valenciano que provoca la sanción se produjo en tiempos de Francisco Camps y Alberto Fabra.

Precisamente, sobre el expresidente Camps, el grupo parlamentario Podemos reclamó ayer que abandone su puesto en el Consell Jurídic Consultiu (CJC) en el que tiene un sueldo vitalicio tras conocerse la confirmación de la sanción, una vez el recurso del Gobierno de España ha sido desestimado. Además, PSPV y Compromís en las Corts han anunciado iniciativas parlamentarias para que la multa impuesta por la Unión Europea la asuman aquellas personas responsables de haber ocultado el déficit de la Comunitat Valenciana o bien el Estado.

El caso valenciano fue el primero en que la Comisión Europea abrió una investigación y llegó a probar la existencia de la tergiversación de datos relativos al déficit que la Comunitat Valenciana declaraba, inferior al real. Después ocurrió lo mismo con Grecia.

La comisión consideró que el Estado miembro (en este caso la Administración de la Comunitat Valenciana) tergiversó intencionalmente o por negligencia los datos por lo que el Consejo impuso una multa al Estado miembro. Fue el 13 de julio de 2015 y su valor 18,93 millones de euros, siendo ésta la primera multa que se imponía por manipulación de datos.

Gasto sanitario oculto

En septiembre de 2014 España interpuso ante el Tribunal General un recurso. Pero la Comisión mantuvo que en la Comunitat Valenciana no se habían contabilizado debidamente durante muchos años gastos realizados en el sector sanitario. La Sindicatura de Cuentas de la Comunitat Valenciana ya había llamado repetidamente la atención sobre los gastos no registrados (que ascendían a 1.900 millones de euros).

Sin embargo, la autoridad autonómica competente no reaccionó. La Comisión extrajo de este hecho la conclusión de que los datos sobre los déficits públicos notificados por España en marzo de 2012 no eran correctos y de que cabía acusar a España de negligencia grave. Por ello recomendó al Consejo la imposición de la multa. La sanción se fijó finalmente en el 5 % del importe total de los gastos no declarados por España en lo que respecta a la Comunitat Valenciana, durante el período comprendido entre 2008 y 2011.