La Comunitat Valenciana ha sido la última, tras Euskadi, en perder su decreto de sanidad universal que ampliaba los márgenes del excluyente Real Decreto Ley 16/2012 pero seguramente, no serán los únicos. Desde que el gobierno de Mariano Rajoy decidiera invocar cuestiones económicas para dejar fuera del sistema nacional de salud con este decreto a las personas en situación irregular en territorio nacional (salvo menores, embarazadas o situaciones de urgencia), casi la totalidad de regiones han ido tejiendo sus propias normativas para dar una solución a esa realidad con la que los profesionales sanitarios se encuentran en su día a día. Casi todas, con raras excepciones, se han encontrado de frente con la Abogacía del Estado.

Euskadi y la C. Valenciana apostaron por legislar con decretos, ambos anulados ahora por el Tribunal Constitucional por "invadir" competenciales estatales. Sin embargo, opciones con rango de ley inferior también han sufrido el mismo destino, lo que debe ser un aviso a navegantes -sobre todo para el Consell- en su intención de mantener los parámetros de la asistencia a personas en situación irregular con otro tipo de norma, según anunció ayer el president Ximo Puig.

Actualmente al menos cinco normativas autonómicas están en los tribunales pendientes de resolución. Entre ellas está la orden promulgada en Cantabria en 2015, y que ya ha recibido la primera sentencia en contra del TSJ; las leyes de Navarra y Extremadura con sendos recursos de inconstitucionalidad tramitados pero también instrucciones como la que actualmente está vigente en la C. Valenciana. Este es el caso de la norma que rige en Baleares. Aprobada en julio de 2015 y pese a que no tiene rango de ley ni de decreto, ha sido llevada ante el TSJ por el Gobierno Central tras su publicación en el diario oficial autonómico. Con una primera sentencia en su contra, el govern balear espera ahora la resolución del Tribunal Supremo. Instrucciones parecidas -también oficializadas- son las que rigen en Andalucía, Aragón, Asturias, Galicia o Murcia. Ninguna ha sido recurrida por ahora.

Con el decreto anulado, la C. Valenciana mantiene unas instrucciones internas que, sin embargo, no han sido oficializadas con su publicación, una situación de "inseguridad jurídica" que no sería la "más deseable" según el portavoz de la Red de Denuncia y Resistencia al RDL, Pablo Iglesias. "Es la misma situación que hay ahora en Madrid y la seguridad jurídica que ofrece es endeble", aseguró.